l final del año 2011 fue especialmente caliente para la Casa Real española. Las informaciones sobre las ilegalidades cometidas por Iñaki Urdangarin, cuñado de Felipe VI y yerno de Juan Carlos I, al frente del Instituto Nóos estaban provocando la indignación generalizada y empezaban a tener consecuencias. En noviembre de ese año, el marido de la infanta Cristina fue investigado en el caso Babel, que derivó del caso Palma Arena; el 12 de diciembre, Zarzuela apartó a Urdangarin de sus actos oficiales; y el 29 de diciembre fue imputado por el juez José Castro, lo que puso en marcha un largo y mediático proceso judicial que culminó con la condena por la que sigue cumpliendo pena de prisión. Por todo ello, el tradicional mensaje de Navidad de Juan Carlos era esperado con especial interés en 2011. El Borbón trató de cubrir el expediente y aseguró que "todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado y ejemplar. Cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos". Lo que pocos podían sospechar es que, pocos años después, Juan Carlos I aparecería como alguien con las manos más manchadas que Urdangarin.

Comisiones millonarias por intermediar en la adjudicación de obras, regalos también con muchos ceros a sus espaldas de sus estrechas amistades en los paraísos del petróleo y supuesto blanqueo de capitales a través de su examiga íntima Corinna Larsen salpimientan este embrollo de escándalos y acusaciones que puede acabar defenestrando totalmente al rey emérito. Dos investigaciones paralelas están en marcha, una en el Tribunal Supremo, donde es aforado tras perder su inviolabilidad al abdicar en 2014, y otra en Suiza, país donde habría mantenido oculto un patrimonio millonario proveniente de Arabia Saudí. Uno de los puntilleros de Juan Carlos tiene por tanto cara de buen estudiante y nacionalidad suiza, el fiscal Yves Bertossa, que investiga su fortuna en el país helvético. Mientras la monarquía española contiene el aliento y empiezan a producirse serias consecuencias políticas, el Tribunal Supremo ha reforzado el equipo de fiscales al cargo de la investigación y se prepara para acoger el que podría ser uno de los juicios más importantes de su Historia, si al final el emérito acaba sentándose en el banquillo.

El calvario del rey emérito se inició con el accidente que sufrió mientras cazaba elefantes en abril de 2012 en Botsuana, en plena crisis económica. El pastel se descubrió al tener que ser operado por una fractura múltiple de cadera, lo que dio pie a una de sus más célebres declaraciones, provocada por el malestar creciente en la sociedad española: "Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir". El declive de Juan Carlos no terminó ahí y el 18 de junio de 2014 anunció por sorpresa su abdicación.

Ya entonces se dijo que el verdadero objetivo era establecer un cortafuegos con su hijo, Felipe VI, para que pudiera ejercer su reinado libre de la influencia de su padre. Sin embargo, las últimas informaciones a cuenta de la fortuna oculta de Juan Carlos y su relación con dos sociedades offshore acabaron salpicando al hijo del emérito, ya que Felipe aparecía como beneficiario de una de ellas, la fundación panameña Lucum, precisamente a través de la que su padre ingresó en 2008 una presunta comisión de 64,8 millones de euros de Arabia Saudí. El pasado 15 de marzo, coincidiendo con el inicio de la fase más dura de la pandemia, la Casa Real emitió un comunicado en el que trató de cortar por lo sano, anunciando la retirada a Juan Carlos de su asignación anual de casi 200.000 euros a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, así como la renuncia de Felipe a su herencia y a cualquier activo financiero que "no esté en consonancia con la legalidad". La nota también admitía que el actual monarca era conocedor de su vinculación con la sociedad opaca desde marzo de 2019, por lo que solo reaccionó cuando este hecho salió a la luz pública un año después.

La difusión, este mes de julio, de nuevas grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo a Corinna, en las que ésta ofrecía detalles escabrosos como que Juan Carlos llegó a tener una máquina para contar billetes en Zarzuela y sacó 100.000 euros al mes en efectivo entre 2008 y 2012 de su cuenta suiza ahondó en la deriva política de este asunto. Así, el presidente español, Pedro Sánchez, calificó estas noticias de "inquietantes" y "perturbadoras". En una entrevista televisada el 27 de julio, redobló la presión sobre la Casa Real para que adoptara alguna acción "ejemplar sobre Juan Carlos". "El PSOE defiende el pacto constitucional y a la monarquía, pero para garantizar la estabilidad las instituciones deben dar pasos", afirmó. Se ha especulado con la posibilidad de retirarle el título de emérito e incluso con un exilio lejos de España.

La costumbre del excomisario Villarejo de grabar a todo aquel susceptible de ser chantajeado está detrás de buena parte de los dolores de cabeza de Juan Carlos I. La filtración de los audios de un encuentro mantenido por el antiguo policía con Corinna Larsen en 2015 en Londres provocó que la macrocausa Tándem de la Audiencia Nacional, por la que Villarejo está en prisión provisional desde noviembre de 2017, se desgajara en una pieza denominada Carol, el nombre con el que el excomisario se refería a Corinna. La finalidad era investigar todo lo que la aristócrata germano-danesa desvelaba en esas conversaciones, incluyendo la existencia de un terreno en Marruecos a su nombre que atribuyó al emérito; cuentas en suiza del Borbón manejadas por testaferros; y las comisiones que el entonces monarca habría percibido por el contrato del AVE a La Meca, adjudicado a empresas españolas.

Sin embargo, la pieza Carol fue archivada de forma provisional el 7 de septiembre de 2018 después de que la Fiscalía concluyera que los indicios de la "eventual intervención" de Juan Carlos I en los hechos eran "extraordinariamente débiles, pues consisten en la mera referencia que hace una persona", en referencia a Corinna. Además, los mismos se sitúan antes de la abdicación en 2014, cuando el exmonarca aún gozaba de inviolabilidad.

El cierre no fue total y la Audiencia Nacional envió a la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde está aforado Juan Carlos, la parte relativa al presunto cobro de comisiones por la obra del AVE. La AN ha reabierto a su vez la pieza Carol al imputar a Corinna y Villarejo por un supuesto encargo de ella al excomisario. Mientras, se conoció la investigación del fiscal suizo Bertossa sobre la cuenta de una fundación vinculada al rey, Lucum, en la que le fueron ingresados 64,8 millones de euros desde Arabia Saudí que años después transfirió a Corinna. Se trata de la doble vía judicial, con intercambio de información incluido, que puede acabar acorralando al emérito, sobre todo porque arroja dudas sobre su conducta después de 2014, cuando ya no era inviolable.

El origen de la investigación en el país helvético se encuentra en el registro de la oficina de Arturo Fasana, gestor suizo y administrador del dinero de Juan Carlos I, llevado a cabo en el verano de 2018 en Ginebra. Los agentes de la Policía Judicial enviados por Bertossa hallaron más de lo que esperaban, dos fundaciones con cuentas en bancos suizos: Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos, desde la cual se pagaron cientos de miles de euros en forma de vuelos privados al rey y a Corinna; y, sobre todo, Lucum, cuyo primer beneficiario era el emérito y el segundo Felipe VI.

Presuntamente, Juan Carlos I utilizó Lucum para recibir 100 millones de dólares (64,8 millones de euros al cambio de entonces) del rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz, fallecido en 2015. Fue Arturo Fasana, que manejó las cuentas de Francisco Correa ocultas en Suiza, el que hizo la transferencia el 8 de agosto de 2008 a través de una cuenta del banco suizo Mirabaud. La sospecha es que ese dinero podría ser una comisión por la adjudicación de las obras del AVE a La Meca a empresas españolas. Cuatro años después, Juan Carlos habría ordenado transferir ese dinero a una cuenta en Nassau (Bahamas) a nombre de la sociedad instrumental Solare, propiedad de Corinna. Todo apunta a que se podría tratar de un intento de blanqueo, aunque Corinna trató de desviar la atención en su declaración ante Bertossa del 19 de diciembre de 2018 cuando dijo que Juan Carlos le hizo llegar esa cantidad "por gratitud y por amor".

El rey emérito ya no goza de inviolabilidad pero está aforado en el Tribunal Supremo, por lo que la Fiscalía del alto Tribunal es la encargada de proseguir con las pesquisas. En el punto de mira de los investigadores hay dos posibles delitos, blanqueo de capitales -el intento de ocultar el origen ilícito del dinero- y delito fiscal, por un fraude a Hacienda que superaría los 120.000 euros. Una vez el Ministerio Público finalice su labor, si opta por presentar una querella ante el Supremo, será la Sala de lo Penal la que decida si procesa al emérito y le cita a declarar como investigado. No se descarta que Yves Bertossa haga lo propio, esta vez en Suiza.

8 agosto 2008. El rey de Arabia Saudí obsequia a Juan Carlos con 64,8 millones de euros, que el gestor suizo Arturo Fasana ingresa en la fundación panameña Lucum. En junio de 2012 Juan Carlos los transfiere a una sociedad de Corinna en Bahamas.

18 junio 2014. El rey abdica tras el declive que se inició con su accidente mientras cazaba elefantes en abril de 2012 en Botsuana. Como consecuencia, pierde la inviolabilidad y pasa a estar aforado ante el Supremo.

15 junio 2018. Un registro en la gestora de Fasana en Ginebra saca a la luz la donación millonaria a Juan Carlos e inicia la investigación en Suiza del fiscal Yves Bertossa, paralela a la de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

2 junio 2019. Casa Real decide que Juan Carlos I deje de participar en actos institucionales.

15 marzo 2020. Felipe VI anuncia la retirada al emérito del sueldo de casi 200.000 euros anuales, así como su renuncia a la herencia de su padre.

27 julio 2020. La Audiencia Nacional imputa a Corinna y a Villarejo y les cita a declarar en septiembre por un supuesto encargo de ella al excomisario.

Rey de Arabia Saudí fallecido en 2015, transfirió el donativo de 64,8 millones de euros a Juan Carlos en agosto de 2008. Se sospecha que se trata de una comisión por intermediar para lograr la adjudicación del AVE a La Meca a un consorcio español.

El dinero saudí depositado en la panameña Lucum fue transferido en junio de 2012 a la sociedad Solare, depositada en un banco de Bahamas y propiedad de la aristócrata. Ella declaró ante el fiscal Bertossa que Juan Carlos le dio los 64,8 millones por amor y para ayudar a sus hijos.

El perejil de todas las salsas, las grabaciones indiscriminadas a las que sometió a Corinna han añadido sal y pimienta a los escándalos del rey. Por si no tuviera suficiente con el caso Tándem, ha sido imputado por la Audiencia Nacional junto a Corinna.

Tras descubrir la fortuna del emérito procedente de Arabia Saudí, oculta en Suiza entre 2008 y 2012 a través de la fundación panameña Lucum, el fiscal embargó las cuentas de los sospechosos y abrió una causa por blanqueo de capitales.

La investigación en Suiza arroja dudas sobre la conducta de Juan Carlos a partir de 2014, cuando ya no gozaba de inviolabilidad