- Para el Gobierno español, la polémica sobre los negocios del rey emérito empieza y acaba en la figura del propio Juan Carlos de Borbón, sin que salpique ni remotamente a su hijo, el actual monarca Felipe VI. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, zanjó ayer que la monarquía como institución "no está en cuestión en este país", y negó a preguntas de EH Bildu la posibilidad de habilitar un referéndum para tomar el pulso al sentir ciudadano, con el argumento de que el camino que señala la Constitución española para instaurar una república es otro y exige amplísimas mayorías en el Congreso de los Diputados. Calvo remitió al diputado Jon Iñarritu al laberinto sin salida que prevé la Constitución, donde se exige iniciar la reforma por una mayoría de dos tercios, convocar elecciones, volver a ratificarlo por dos tercios, y someter lo pactado a referéndum como paso final, y no al inicio. Lo regula el artículo 168, que en la práctica es un dique de contención por la capacidad de veto que van a tener, como mínimo, los partidos de la derecha española (PP, C's y Vox) al exigirse mayorías tan amplias.
Iñarritu aprovechó la sesión de ayer en el Congreso para preguntar "qué más tendría que ocurrir para que el Gobierno apoyara un referéndum sobre la jefatura del Estado", en un momento en que la ciudadanía asiste "atónita a una serie de escándalos vinculados a la Casa Real", en referencia a la investigación sobre las presuntas comisiones a cambio de la llegada del AVE a la Meca. En paralelo, han surgido informaciones que apuntan a que La Zarzuela frenó el intento de Corinna Larsen de implicar a Felipe VI, y la consigna en este momento es contener los daños y trazar un cortafuegos para salvaguardar al actual monarca español. En ese contexto, Calvo zanjó el asunto asegurando que la idea del referéndum "no está en el Gobierno; no está previsto ningún referéndum que nos haga desembocar nada más y nada menos que en una reforma de la Constitución de esa envergadura". El Ejecutivo lo comparten el PSOE y Unidas Podemos, y estos últimos sí podrían ver con mayor receptividad la propuesta. Sin embargo, ahora que tienen responsabilidades de gobierno, lo ven a largo plazo. El vicepresidente Pablo Iglesias dijo ayer en El Escorial que la república no es factible a "corto plazo", pero sí vio un "horizonte republicano plurinacional", aunque aclaró que no es tarea de una legislatura.
En la réplica a Calvo, Iñarritu dijo que, en un momento en que "se derrumba el mito del juancarlismo, no se puede crear otro falso mito del felipismo ejemplar; hay varios escándalos que apuntan a la actual jefatura de Estado y al mismo tiempo se activa una campaña de blanqueamiento con gira por el Estado". Añadió que los ciudadanos se preguntan "para qué sirve un rey", y los medios de comunicación "nos filtran que el Gobierno ha pactado con la Casa Real que se va a hacer un gesto para defenestrar al emérito". Pidió un referéndum antes de la reforma constitucional, pero Calvo le respondió que "respete" el artículo 168 y comprenda "la envergadura del apoyo" que exige. "La jefatura del Estado no está en cuestión en este país. No hay más. No inventemos ninguna otra situación", despachó, para remitir después a lo que diga la justicia.
Sectores cada vez más amplios del Estado han despertado del sortilegio y han mudado de opinión sobre Juan Carlos I, hasta hace poco una suerte de héroe para los partidos mayoritarios por el papel que se le atribuye a la hora de frenar el golpe de Estado de 1981. Felipe VI renunció a su herencia y le retiró la asignación.
En paralelo, Compromís, ERC, JxCat, Bildu, CUP, BNG, Nueva Canarias y Más País pidieron ayer una comisión de investigación para ver si empresas públicas como Renfe y Adif pagaron comisiones por el AVE a la Meca y a quién fueron abonadas. No se cita a Juan Carlos I para evitar un nuevo veto de la Mesa del Congreso.