madrid - Tras la tempestad entre JxCat y ERC, Quim Torra transmitió ayer su "apoyo y fuerza" a Roger Torrent después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya pedido por unanimidad a la Fiscalía que estudie si el presidente del Parlament ha podido incurrir en un delito de desobediencia por admitir el pasado octubre la tramitación de dos resoluciones en las que se reivindicaba el derecho de autodeterminación de Catalunya y se reprobaba al rey Felipe VI. El alto tribunal considera que estas resoluciones atentaban contra la sentencia del 2 de diciembre de 2015 que anulaba y dejaba sin efecto la declaración del 9 de noviembre anterior en la que el Parlament proclamó el inicio del proceso hacia un Estado independiente. En esa resolución la mayoría independentista del hemiciclo se conjuró para desobedecer las leyes y a las instituciones españolas, empezando por el propio Constitucional.

En concreto, el TC actúa contra Torrent y los dos miembros de la Mesa del Parlament por los acuerdos del 22 y el 29 de octubre que admitieron a trámite para su debate y aprobación, una propuesta en la que se reiteraba y anunciaba hacerlo tantas veces como desearan sus diputados la reprobación de la monarquía, pese a que se había anulado por el Constitucional una anterior en igual sentido. Los otros acuerdos anulados son los que declaraban que el Parlament "reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para decidir su futuro político". Para el tribunal, tanto Torrent como el vicepresidente primero y el secretario primero incumplieron el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del TC que establece que todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal resuelva.

Las resoluciones fueron recurridas por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, una iniciativa que se produjo antes de las elecciones del 10-N, cuando el presidente español hacía gala de dureza contra el independentismo, e iba acompañada de la citada solicitud de remisión al fiscal, porque Torrent ya estaba advertido sobre la inviabilidad de declaraciones parlamentarias como las mencionadas. Ahora, con el Ejecutivo español inmerso en la intención de desjudicializar la política y abrir una fase de distensión respecto al conflicto catalán, el asunto queda en manos de la Fiscalía, que decidirá si interpone la querella. El ministerio público ya se pronunció en su día favor de interponerla, por lo que, en caso de no hacerlo ahora, supondrá un cambio de posición que no sería baladí. La decisión sobre una posible querella por desobediencia contra Torrent se perfila como una de las decisiones más controvertidas que puede tener que tomar la exministra de Justicia Dolores Delgado una vez que tome posesión del cargo de fiscal general envuelta en la polémica. Con el cisma independentista sobre la mesa, Torra aparcó su caso personal para arropar públicamente a Torrent. En su cuenta oficial de Twitter, el president señaló: "Hoy toca estar al lado del presidente del Parlament y de la Mesa".