Bilbao - Una marea humana conformada por 65.000 personas, según fuentes de la Policía Municipal de Bilbao o 70.000 según la organización, salió ayer a las calles de la capital vizcaina para participar en el tradicional marcha de enero convocada por Sare, la plataforma ciudadana en defensa de los derechos de los presos. La cita -que también se llevó a cabo en Baiona pocas horas antes- sirvió para volver a reclamar un cambio de 180 grados de la política penitenciaria en el Estado español, situación que la recién constituida entente en Moncloa debe aplicar para dar fin "a la vulneración" que padecen los reclusos y sus familias. Para ello, el presidente Sánchez podría mirarse en algunos pasos, aunque tímidos, dados por el gobierno francés, según apuntaron los propios organizadores.
"Reclamamos la no discriminación en la gestión de los beneficios penitenciarios, el acercamiento de los presos y presas a su entorno familiar, la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas o mayores, la progresión de grados, la revisión de las condenas injustas?", señalaron las dos personas que leyeron el manifiesto de Sare tras una concentración que arrancó en el parque de doña Casilda para concluir en la escalinata del Ayuntamiento de Bilbao. Fueron dos víctimas de diferentes signos, la hermana del asesinado por los GAL Joxean Lasa, Axun Lasa, y la viuda del sargento mayor de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea tiroteado por ETA, Rosa Rodero, las que leyeron un texto en el que se apeló a hacer caminar la reivindicación "lejos de cualquier instrumentalización de ninguna fuerza política o de la defensa de la venganza por encima del Derecho". Ambas aseveraron que "es el Estado quien está dando continuidad" a la situación de excepcionalidad para con los presos, "siendo muy excepcionales las decisiones de humanización" en esa materia.
Tras recordar que la banda terrorista ETA bajó su persiana hace ahora una década, Rodero -en castellano- y Lasa -en euskera- aseguraron no querer "que nadie hable en nuestro nombre. Solo nos representamos a nosotras mismas; pero creemos traducir el sentir de muchas víctimas si decimos, alto y claro, que los derechos humanos deben ser también la norma de actuación en las cárceles de España y Francia, lo que además, tiene, amparo legal". Tras lanzar una proclama en favor de los presos del procés -JxCat, ERC y CUP enviaron sendas delegaciones a la cita en la capital vizcaina y la marcha estuvo repleta de banderas esteladas-, el manifiesto concluyó con un llamamiento a la ciudadanía alertando del "avance de partidos de derecha y ultraderecha en las pasadas elecciones generales de noviembre", aunque finalmente "han resultado mayoría las corrientes progresistas, por lo que este tema debe formar parte, valientemente, de la agenda del Estado. Y más desde su reclamación ineludible y urgente por parte de los partidos políticos vascos y catalanes", ahondaron.
Similar fue el llamamiento de Sare. Por boca de su portavoz Joseba Azkarraga, y poco antes de que arrancara la marcha reclamó que la reclamación de los derechos de los presos tenga su agenda en Madrid. "Al nuevo Gobierno le exigimos no más vulneraciones de derechos. No mas legislación de excepción", ya que "es el momento de avanzar y trasladar" al Congreso "los acuerdos que se han venido alcanzando en las instituciones vascas, porque es necesario seguir dando pasos, para que Euskadi pueda avanzar hacia un futuro en paz y convivencia". Horas antes, Azkarraga invitó al Estado español a "tomar como ejemplo el camino ya emprendido por el Ejecutivo y la Justicia francesa".
La manifestación contó con el respaldo de partidos vascos como EH Bildu y Elkarrekin Podemos, organizaciones sindicales -ELA, LAB, CCOO y UGT- y colectivos sociales secundaron la convocatoria de Sare. La delegación de los partidos soberanistas catalanes estuvo formada por Junts per Catalunya -Eduardo Pujol-, ERC -Núria Picas e Isaac Peraire- y la CUP -Albert Botran-. También estuvo presente Etxerat, que valoró que la sociedad vasca dice "claramente a los estados español y francés: haced caso a lo que os dice la sociedad vasca, el sindicalismo vasco, los electos de Iparralde y las instituciones vascas" para ponerse "a trabajar a favor de la paz".
