Madrid - Pablo Llanera, juez instructor de causa sobre el procés, sigue empeñado en embarrar judicialmente la política catalana. El magistrado del Supremo mantiene abierta una pelea que lleva camino de convertirse en su lucha particular y su última decisión de Llarena ha sido no revocar las euroórdenes contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín y pedir al Parlamento Europeo que suspenda su inmunidad como eurodiputados para poder proceder a su entrega. Mientras no se conceda ese suplicatorio, las euroórdenes quedan de facto congeladas, ya que no podrán aplicarse fuera de España, por lo que ambos europarlamentarios podrán acudir a Estrasburgo el lunes para ejercer sus funciones en el pleno de la Eurocámara, indican fuentes jurídicas.

No ocurre lo mismo en territorio español, donde según aclara Llarena, no les protege la inmunidad parlamentaria y podrían ser detenidos sin necesidad de suplicatorio porque cuando fueron elegidos ya estaban procesados en la causa del procés.

En el auto en el que pide el suplicatorio, Llarena hace un extenso recorrido por el proceso soberanista catalán de 2017 en el que resalta la gravedad de los hechos que se les imputan y precisa que estos no guardan relación con su condición de eurodiputados, pues se remontan a antes de que fuesen elegidos. Subraya el deber recíproco de cooperación y asegura también que “el procedimiento judicial no responde a la intención de dañar la actividad política de un diputado y, por tanto, del Parlamento Europeo”.

El magistrado recuerda que los hechos que se les imputan pueden constituir sendos delitos de sedición y de malversación, que no habrían prescrito al concluir la legislatura, lo que evidencia -dice- que su petición no busca dañar la actividad política de un diputado o del Parlamento Europeo.

Alerta también de que la inmunidad podría ser instrumentalizada por Puigdemont y Comín para eludir eventuales responsabilidades penales, y alude a la situación de Oriol Junqueras, que no evitó la acción de la Justicia, fue también elegido eurodiputado y no ha podido ejercer después de que el Supremo le negase la inmunidad al estar condenado en firme a pena de prisión.

Llarena aclara que en España a los eurodiputados se les reconocen los mismos privilegios que a los miembros de las Cortes y no es obligatoria la autorización de la Eurocámara cuando se ha accedido al cargo después de ser procesado, en base a la interpretación que ha hecho ya el Supremo de la Constitución y los reglamentos del Congreso y el Senado.

El magistrado rechaza de plano apartarse de la causa, como pedían Puigdemont y Comín, y se opone a los argumentos con los que ambos negaban haber delinquido. - DNA