Barcelona - La unidad independentista sufrió ayer un revés después de que la abstención de los dos diputados de ERC -uno de ellos, Roger Torrent- llevara a la Mesa del Parlament a rechazar admitir a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de una asociación privada que pretendía reeditar la declaración unilateral de independencia (DUI). JxCat, cuyos dos representantes votaron a favor -los dos de Ciutadans y el del PSC lo hicieron en contra- no escondió su malestar por la maniobra republicana aunque la separó de la acción del Govern, sugiriendo, en palabras de Josep Costa, que la Mesa “se ha portado como un órgano censor, mientras que nosotros no somos un muro de contención contra las protestas de los ciudadanos”. El partido de Carles Puigdemont lanzó además un dardo a la formación de Oriol Junqueras al recordar unas palabras de la expresidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell (ERC), en prisión preventiva por la causa del procés: “Como decía ella, el Parlament tiene que ser el templo del debate”.

La Mesa no dio luz verde a la iniciativa porque la ley que regula las ILP sostiene que una hipotética declaración de independencia no se puede tramitar por ese tipo de vía, adujeron desde la Cámara, una legislación muy restrictiva “porque así lo quiso el legislador, el propio Parlament, por lo que si se quiere cambiar se debería modificar la propia ley”. Con esta justificación se aclaró que no era un veto sino una cuestión competencial. “Si la iniciativa se impulsa a través de un grupo parlamentario o del propio gobierno, sí podría ser admitida a trámite por la mesa”, concretaron, recordando que no es la primera ILP que se quiere impulsar en torno a la independencia y el procés y no sale adelante, ya que previamente se descartaron otras seis iniciativas similares.

JxCat descartó que su marca sea la que presente una proposición de ley que plantee de nuevo una DUI. Para Sergi Sabrià (ERC), “una ILP no sirve para declarar la independencia, lo dice la ley catalana y está clarísimo”, negándose a “hacer gestos de cara a la galería”. “Técnicamente no se podía hacer y políticamente no tiene sentido”, porque “no sirve de nada declarar la independencia si luego no se puede aplicar”, zanjó el dirigente republicano.

La ILP fue registrada el 13 de junio y la Mesa debía decidir si la tramitaba: si el órgano rector de la Cámara la admitía a trámite se abría un plazo para que el grupo promotor recogiera las 50.000 firmas necesarias para que la proposición se debatiera en el Parlament, pero, si no la tramitaba, la propuesta caía en saco roto. El texto reproducía la DUI que los independentistas firmaron el 10 de octubre de 2017 después de que Carles Puigdemont suspendiera temporalmente la proclamación de la república, que se declaró 17 días más tarde.

Entre los argumentos que Unitat per la Independència, grupo promotor de la ILP, aportó para defenderla están la Ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica que aprobó el Parlament en septiembre de 2017 y que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional. También sostenían que en el referéndum del 1-O la población catalana votó por ser un Estado independiente.