Madrid - El Gobierno español sigue cubriendo etapas de cara a su objetivo declarado de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, que pretende culminar a lo largo de julio. De este modo, ya ha establecido los contactos pertinentes con la Iglesia, que gestiona la basílica del monumento, y con la familia del dictador. “Un Estado de Derecho tiene unos procedimientos y rigores que el Gobierno menos que nadie se puede saltar”, dijo la ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo.

Precisamente, los obispos se echaron ayer a un lado y aseguraron que no interferirán en esta decisión. El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, afirmó que no corresponde a la Iglesia católica la decisión sobre la “permanencia o no” de los restos de Franco. “La decisión que origina la presencia de los difuntos en el Valle de los Caídos no nace de ella ni le corresponde a ella su permanencia o no. Es otro ámbito, el político o familiar, el que ha de decidir”, señaló en una rueda de prensa. En lo que a la familia del dictador se refiere, al margen de su postura el Ejecutivo de Sánchez cuenta con la baza de aprobar un real decreto para agilizar su decisión.

En una entrevista en TVE, Carmen Calvo explicó que “ya hemos hecho los contactos suficientes” y ahora “estamos viendo las fórmulas jurídicas” que sean necesarias, por lo que después será el momento de “la acometida material del traslado de esos restos”. Agregó que se ha contactado con la familia Franco “porque se trata de unos restos humanos que también tienen que tener todo el decoro que corresponde”. De hecho, serán los allegados los que, una vez les sean entregados los restos, deberán decidir dónde darles sepultura.

Un proceso que, insistió Calvo, se quiere agilizar en lo posible, entre otras cosas porque la democracia española “ya va tardando de dejar de tener en un lugar de honor a un dictador”. La ministra expresó por último el compromiso del gabinete socialista de exhumar los restos de Francisco Franco “de la manera más impecable, con arreglo a nuestro Estado de derecho” y a convertir el Valle de los Caídos en un “lugar de la memoria común y donde encontremos por fin el cierre de muchas heridas”.

Entre los pasos que se siguen dando, ayer se conoció que El Ministerio de Justicia se encargará de coordinar el desarrollo y la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, para lo que se creará una dirección general específica que se ocupará de impulsar los trabajos necesarios. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, reivindicó “la perspectiva y la dedicación” de la memoria histórica, cuya ley, recordó, se remonta al año 2007.

Fuentes de su departamento citadas por Efe explicaron que se creará una dirección general específica para impulsar la implementación de la ley y que será también el Ministerio de Justicia el encargado de presentar al Consejo de Ministros un decreto para la exhumación de los restos del dictador.

Abogado de las familias. El Ministerio de Justicia ha fichado al abogado Eduardo Ranz, que lleva la defensa de las víctimas de la Guerra Civil en el proceso de exhumación del Valle de los Caídos, para asesorar en temas de Memoria Histórica. Entre sus representados se encuentra la familia Lapeña, la primera que pidió la exhumación de sus allegados. Lo hizo en 2012 cuando supo que Manuel y Ramiro Lapeña podían encontrarse en dos columbarios de la cripta de Cuelgamuros.

Hermanos Lapeña. El fichaje de Eduardo Ranz se produce justo cuando Patrimonio Nacional ha confirmado que finalmente sí se llevarán a cabo las exhumaciones después de anunciar que “abrirá una puerta de entrada” y tomará medidas para que “el acceso sea posible cuanto antes”.