Madrid - Hacienda no ha encontrado indicios concluyentes de malversación en el procés soberanista catalán. Así lo señalaba ayer La Vanguardia, que señalaba que el organismo dependiente de Cristóbal Montoro ha remitido desde el pasado enero cinco informes con las consiguientes explicaciones de la Intervención General de la Generalitat al Juzgado número 13 de Barcelona, que instruye la causa sobre el procés, sin que se haya podido denunciar indicios concluyentes de malversación. Estos documentos han acabado a su vez en la mesa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien utilizando las diligencias practicadas por la Guardia Civil acordó imputar malversación al cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a su Govern, por una cifra inicial de 1,6 millones de euros. La Guardia Civil, por su parte, también conoce esos informes excluyentes de Hacienda.

Tras la decisión del alto tribunal del land de Schleswig-Holstein de rechazar el envío al Estado español de Puigdemont por el delito de rebelión, ha cobrado importancia el de malversación, sobre el que los jueces alemanes también han expresado reservas.

Según el rotativo catalán, el choque entre Montoro y Llarena a cuenta de la posible existencia de desvíos de dinero público para financiar la logística y la organización de referéndum del 1 de octubre -malversación- se ha venido incubando desde que comenzó la actividad judicial en torno a este caso. El interés de los jueces y la Guardia Civil, durante la instrucción, por obtener indicios de que los dirigentes soberanistas habrían malversado recursos públicos ha sido una constante en las dos causas, la que lleva el Supremo contra la mayoría del anterior Govern y los líderes independentistas catalanes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así como la abierta en el Juzgado número 13 de Barcelona contra el exsenador Santiago Vidal y ampliado a todo el procés.

Informe fallido Los movimientos judiciales en pos de pruebas de la malversación arrancaron formalmente el 30 de octubre, cuando el titular del Juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, requirió al Departamento de Economía, cuyo más alto cargo del Govern tras la aplicación del 155 era ya su secretario, Pere Aragonés, toda la información disponible “sobre cualquier tipo de gasto -de la Generalitat- para la celebración del llamado referéndum del pasado 1 de octubre”.

Desde ese 30 de octubre, los requerimientos, informes, exigencias de ampliación o aclaración sobre los mismos asuntos han mantenido ocupados a decenas de funcionarios en Madrid y Barcelona, sin que, a efectos de la causa penal, se hayan producido avances reseñables.

El momento clave se produjo a finales de enero con una orden firmada por el propio Montoro donde se pedía identificar “indicando nombre, apellidos, DNI y puesto de trabajo de todos y cada uno de los funcionarios, empleados públicos o autoridades de las diferentes consejerías de la Generalitat de Cataluña, que sean responsables o conocedoras de la información que se demanda [orden de gastos para el 1-O]”. Dos días después, la respuesta de la Intervención de la Generalitat al ministro era que “en el sistema de contabilidad corporativa de la Generalitat no consta ningún expediente ni ningún pago efectuado que esté vinculado a la celebración del referéndum”.

Sin embargo, en su auto de procesamiento del 21 de marzo, el juez Pablo Llarena incluyó el delito de malversación. De hecho, impuso a los encausados una fianza civil de 2,1 millones de euros, a asumir solidariamente por Carles Puigdemont y la totalidad de los consellers de su Govern. El magistrado del Supremo se apoyaba en un informe de la Guardia Civil, el que se acusaba al Ejecutivo catalán de destinar 1,6 millones de euros a la celebración del referéndum soberanista. No obstante, en el informe de la Guardia Civil no aparecen acreditados la mayoría de los gastos por supuesta malversación. De hecho, en los propios informes del cuerpo policial se asegura que más de la mitad de los 1,6 millones (980.000 euros) “tampoco constan como abonados los importes de las mismas”.