Los familiares del preso de ETA Ibon Iparragirre denunciaron ayer el “trato cruel e inhumano” que supone que se le haya denegado el tercer grado penitenciario, que supondría su libertad condicional, y que se le conceda en cambio el segundo grado, por el que será trasladado de la cárcel de Alcalá Meco (Madrid) donde cumple condena al centro de salud Aita Menni de Arrasate. A juicio de sus allegados, el tercer grado es preceptivo por la situación del recluso, que sufre sida en fase terminal y problemas neurológicos. “Ibon Iparragirre no tiene tiempo. Hay que sacarle de esta situación porque cualquier enfermedad oportunista puede llevarle a la muerte”, destacó su abogado Iñaki Goioaga, que compareció en Bilbao junto a miembros de Etxerat y a la madre de Iparragirre, Angelita Burgoa, y su hermano, Gotzon.
Apuntaron como responsables de la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro al “chantaje de la Fiscalía y la Secretaría de Instituciones Penitenciarias”, que empuja a los familiares a “elegir entre el ingreso en el centro Aita Menni o continuar sufriendo en prisión las condiciones que agravan su situación límite”. Defendieron que seguirán haciendo “todo lo posible para que esté en su casa” y avanzaron dos posibles vías jurídicas para ello, en palabras del letrado: “La revisión de grado que se tiene que hacer cada seis meses y que en el propio auto se establece, y la suspensión de la condena en el tribunal sentenciador”. Ahora estudian cuál puede ser “la vía más rápida y más eficaz” dada la gravedad de este caso.
Mientras, y pese a estar en desacuerdo con el traslado al centro médico, reclamarán que el mismo se materialice “cuanto antes” -la resolución judicial no establece ninguna fecha-, ya que “la situación de Ibon Iparragirre requiere de una mejora con extrema urgencia”, dijeron los portavoces de Etxerat.
Desde la asociación de familiares de presos de ETA señalaron que Iparragirre “reúne todos los requisitos para que le sea aplicado el artículo 104.4” del reglamento penitenciario. Iñaki Goioaga explicó que el mismo establece que “los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad”.
Criticó por ello que, en el auto de Castro, se apunten una serie de “excusas” para no conceder la libertad condicional, entre las que citó “la presunta peligrosidad” del preso o que se hable del hecho de que “tome o no antirretrovirales, cuando ya en la fase en la que se encuentra es intrascendente”. A juicio de Goioaga, con todos estos condicionantes “se vulnera la legalidad”. “Para algunos la legalidad es un chicle que se extiende o se encoge según los intereses políticos de un momento determinado y eso es inaceptable. No se puede buscar una rentabilidad política con el sufrimiento de ninguna persona y menos por parte de un Estado que se dice de Derecho y garantista”, aseveró.
Por su parte, los portavoces de Etxerat leyeron un texto en el que reclamaron que se permita a Iparragirre “abandonar la cárcel para estar junto a los suyos y ser tratado de su enfermedad con garantías y respeto”, ya que se encuentra en un estado “límite” y algunas de las consecuencias del deterioro por su enfermedad “son irreversibles”.
Homenaje a presos Por otro lado, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, anunció ayer que va a denunciar por la vía administrativa al Ayuntamiento de Galdakao por permitir que la pasada Nochebuena se celebrara “en pleno centro” de la localidad una cena en honor a once miembros de ETA originarios del municipio y que se encuentran en prisión. En un comunicado, censuró que se trata de “una afrenta más a las víctimas del terrorismo y a la dignidad de la sociedad bajo el amparo del Ayuntamiento”.
