- A lo largo de los últimos meses, la ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco ha recibido a expertos constitucionalistas que han analizado los retos que afronta la Constitución del 78 casi cuarenta años después de su aprobación. Fue generalizada la opinión de que la regulación de la relación entre Euskadi y el Estado debe venir por una reforma de la Constitución, una revisión posible si hay voluntad política para acometerla.

Así, el catedrático de Derecho Constitucional de la UPV Alberto López Basaguren explicó que la vía del Estatuto de Gernika no es la más efectiva a la hora de modificar el estatus vasco. “Hay muchos obstáculos, se ha intentado sin resultados, pero no hay otra vía que la reforma de la Constitución”, señaló López Basaguren con respecto a la posibilidad de ejercer el derecho a decidir.

Por su parte, la jurista y profesora de Filosofía del Derecho María Eugenia Rodríguez Palop, explicó que la “rigidez” de la Constitución española dificulta las posibles reformas en las comunidades autónomas, pero sí afirmó que con “voluntad política” se podrían dar pasos. La vía para alcanzar una solución sería, dijo, una reinterpretación del artículo 92 de la Constitución, en el que se señala que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.

También acudió a Gasteiz el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, que ve inviable la reforma estatutaria vasca si antes no se modifica la propia Carta Magna. “No veo margen para redefinir el pacto de integración de Catalunya y Euskadi en el Estado”, afirmó el experto, quien destacó cómo el Tribunal Constitucional está creando una jurisprudencia que “va perfeccionando a golpe de recursos y sentencias la doctrina sobre los límites del ejercicio de la autonomía”. Así, aseguró, actualmente en el Estado “nos hemos quedado sin Constitución territorial”, pues actualmente pesa más la doctrina del TC que el propio texto constituyente. “El Tribunal Constitucional es el gran protagonista”, afirmó. Además, dijo, la carta magna “no tiene adhesión ciudadana” y los estatutos de autonomía son “normas constitucionales”, son “estériles”.

Por su parte, la jurista, catedrática y ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional Adela Asúa señaló que la estructura del régimen que deriva de la Constitución de 1978 es federalista, pero advirtió de que adolece de mecanismos para que ese federalismo sea real. Por eso, explicó, hay tanta litigiosidad entre las comunidades y el Estado, a veces por asuntos “nimios” que debe resolver el Constitucional. En relación al problema catalán, “todo es posible, todo lo que está en la Constitución puede modificarse”, si se da el diálogo que propugnan muchos agentes, incluido el propio Constitucional, pero nunca, advirtió, desde “la unilateralidad”.

Por último, el profesor de Derecho Constitucional Roberto Uriarte, que fue también secretario general de Podemos Euskadi, aseguró, en contra de lo mantenido por Rodríguez Palop, que la Constitución española es “extremadamente flexible” y por tanto los obstáculos para acordar un nuevo estatus son de carácter meramente político, ya que además la modificación de este texto no exige la ratificación de la ciudadanía española. “El problema no es el texto de la Constitución, sino la voluntad política; hay unas relaciones de interdependencia y unas mayorías con voluntades políticas diferentes que no se ponen de acuerdo”, aseguró.