madrid - El Congreso de los Diputados ha comenzado el procedimiento parlamentario para derogar la prisión permanente revisable, después de que todos los grupos excepto el PP se mostraran ayer favorables a tramitar en el Congreso dicha supresión, como pedía el PNV. La oposición, que ya recurrió esta pena en el Tribunal Constitucional después de que el Gobierno de Mariano Rajoy la introdujera en la última reforma del Código Penal de 2015 gracias a la mayoría absoluta que ostentaba entonces, coincide en que no cumple con los principios constitucionales de reinserción social y reeducación de los delincuentes.

El portavoz jeltzale de Justicia e Interior, Mikel Legarda, fue el encargado de presentar en el Pleno la proposición de ley de su grupo para su toma en consideración. De “dudosa constitucionalidad” calificó la prisión permanente revisable, que choca, a su juicio, con la política criminal que formó parte de los consensos básicos de las Cortes constituyentes y de la Ley General Penitenciaria, una norma que concitó la unanimidad de los legisladores. Para Legarda, esta figura no satisface las necesidades de la sociedad y no fue reclamada por nadie.

“Su implantación se debe al populismo punitivo causado por el sensacionalismo de algunos medios de comunicación que azuzan a la sociedad en sus crecientes reclamaciones de castigo y que el PP acoge por ser acorde con su ideología penal preferentemente retributiva”, aseveró Legarda. Para abundar más en su rechazo, agregó que la prisión permanente “erosiona los principios de reeducación y reinserción social del recluso, merma la seguridad jurídica y el principio de legalidad, es indeterminada y no es proporcional”.

Esperar al TC No compartió estas apreciaciones el diputado del PP Leopoldo Barreda, quien instó a los grupos a esperar la decisión del Tribunal Constitucional, ante el que se recurrió esa figura, antes de tramitar su derogación. “Estas prisas parecen indicar que no confían en que el TC les dé la razón”, añadió Barreda, que reprochó que esta proposición de ley busca “reducir las penas de los crímenes más execrables, los que más alarma suscitan y para los que los ciudadanos quieren el mayor reproche penal”.

Desde la bancada socialista, Juan Carlos Campo pidió superar la “forma oscura de hacer política” que supuso la aprobación de esa figura penal con el apoyo único del PP. También la tachó de innecesaria, hasta el punto de afirmar que se venció a ETA sin necesidad de ella. Eduardo Santos, de Podemos, censuró al PP por ser “profundamente reaccionario” y haber dado “una patada hacia el año 1928”, además de aplicar el principio de venganza en lugar del de justicia. Por EH Bildu, la diputada Marian Beitialarrangoitia tachó la figura de “un paso más en la deriva antidemocrática del Estado” y Compromís censuró que significa una “condena a pudrirse y no a resocializarse”. - Efe