santoña - El exsindicalista Rafa Díez Usabiaga, histórico dirigente de LAB y último de los encarcelados por el caso Bateragune, abraza la libertad a primera hora de hoy. Su excarcelación vendrá acompañada de un recibimiento de familiares, amigos y miembros de Sortu a las puertas del centro penitenciario de El Dueso, en Santoña. La Delegación del Gobierno en Cantabria prohibió cualquier acto o concentración, aunque posteriormente la Audiencia Nacional dio su permiso. El tribunal emitió un auto para aprobar el recibimiento, ya que no consta “que se haya producido o se vaya a producir delito alguno”. Ese dictamen, sin embargo, no invalida la prohibición del Estado y no rebaja la “tensión” que el líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi dice que se palpará en el ambiente por las “presiones” del Ejecutivo español. En cualquier caso, Díez Usabiaga y LAB se han conjurado para evitar la polémica. El sindicalista no realizará declaraciones a su salida de la cárcel y su recibimiento en el penal tendrá un perfil bajo y familiar. El acto político se desplazará a Muskiz.

En un escrito del juez Fernando Andreu, la Audiencia Nacional no solo autorizó el homenaje en El Dueso, sino también el que brindarán a Díez Usabiaga en Lasarte a las 19.30 horas. El magistrado se ha basado en los argumentos de la Fiscalía y los informes policiales para dar carta blanca a ambos recibimientos al “no existir constancia ninguna que permita afirmar, con la exigencia que en Derecho se requiere para poder restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos constitucionalmente”, que las concentraciones supongan delito de enaltecimiento del terrorismo. El auto asevera que no han sido convocadas “por organizaciones ilegalizadas”.

El tribunal desechó así actuar con carácter preventivo, ya que tan solo existen “meras hipótesis sobre la futura e incierta comisión de delitos” en los homenajes a Díez Usabiaga, que ha permanecido seis años y medio en prisión por tratar de “reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo las órdenes de ETA”, según la sentencia de la Audiencia Nacional. Sobreseida la denuncia de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) y la presentada por Dignidad y Justicia (aunque en este caso para el acto de Lasarte, que ha sido notificado en tiempo y forma y podrá tener lugar), Andreu advierte de las responsabilidades que pudieran derivarse si durante los actos se produjeran actividades delictivas.

El dictamen judicial estuvo precedido de una negativa por parte de la Delegación del Gobierno en Cantabria a que se llevara a cabo la concentración en suelo cántabro, bajo la argumentación de que los promotores habrían incumplido con el requisito de comunicar el recibimiento con entre diez y 30 días de antelación. Asimismo, denegó el permiso al advertir de la existencia de informes de la Guardia Civil que apuntan a posibles problemas de seguridad en las inmediaciones de El Dueso. Familiares y simpatizantes de Sortu estarán a las puertas de la prisión, aunque no será un homenaje en sentido estricto porque la izquierda abertzale desplazó el acto previsto al barrio de Pobeña, en Muskiz, ya en territorio vasco.

“antidemocrático” El coordinador general de EH Bildu, y que fue encarcelado junto a Díez Usabiaga por el caso Bateragune, Arnaldo Otegi, avanzó que una medida de tal calibre como prohibir el acto de bienvenida tan solo serviría para generar “escenas de tensión” a las puertas de la cárcel, aunque no por parte de los allegados que acudan a recibirlo, entre ellos él mismo si tiene tiempo de acercarse. “Esto sí me parece un ataque a la gente del país, a la libertad del país, a su familia, a él mismo”, valoró Otegi, que el 1 de marzo de 2016 abandonó la prisión de Logroño tras seis años y medio en prisión por la misma causa -junto a Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y el propio exlíder de LAB- sin que su recibimiento fuera motivo de prohibición ni se registraran incidentes. “Es una prueba más de la profunda naturaleza antidemocrática” del Estado, zanjó.

El exsindicalista abandona hoy una prisión en la que ha permanecido seis años y medio. Es el último del caso Bateragune en cumplir condena (más prolongada en el tiempo porque pasó 17 meses en prisión provisional para cuidar se su madre enferma) de un grupo de cinco responsables de la izquierda abertzale a los que se acusó de “pertenencia a organización terrorista” por tratar de “reconstruir Batasuna bajo las órdenes de ETA”. La operación policial, ordenada por el juez Baltasar Garzón el 13 de octubre de 2009, se saldó con 10 detenciones -Rufi Etxeberria, Ainara Oitz, Txelui Moreno, José Manuel Serra y Amaia Esnal, junto a los cinco condenados- y Otegi y Díez Usabiaga, además, fueron encausados por ejercer de “dirigentes” en un proceso con el que Sortu aceleró el final de la organización armada. La Audiencia Nacional les impuso en septiembre del 2011 una pena de diez años. Les fue reducida a posteriori por el Constitucional. Apenas un año después de que pisaran la cárcel, ETA decretó el cese de la actividad armada.

Con su excarcelación se cierra un capítulo negro de la política vasca, en la que la práctica totalidad de los partidos, salvo el PP, se mostraron partidarios de archivar la causa. El caso también dio mucho que hablar en las instancias judiciales, ya que un juez del Tribunal Supremo reconoció recientemente en un voto discrepante la aportación de Rafa Díez al proceso de paz. Hoy se dará carpetazo al caso Bateragune definitivamente.