BARCELONA - La segunda sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta independentista del 9-N se centró en los intentos del fiscal por demostrar que la Generalitat transmitió una serie de directrices para la apertura de los colegios que debían acoger la votación, la confección de las urnas y la logística de la consulta. Por este motivo, durante todo el día desfilaron por el tribunal una quincena de testigos; sin embargo, estos ofrecieron versiones contrapuestas respecto a la existencia o no de dichas presiones.

Los primeros en comparecer fueron dos inspectores de la Conselleria de Enseñanza que denunciaron que el departamento convocó reuniones con directores de instituto para solicitarles que facilitaran el acceso a sus locales el 9-N. El primero de ellos sostuvo que “se estaba forzando a los directores” de los institutos de secundaria, como mínimo, a ceder las llaves de los centros educativos para acoger la consulta. Relató que las responsables de dos institutos le explicaron que la directora de servicios territoriales les había dado tres alternativas de cara a esa jornada: hacerse cargo de los centros para la consulta, buscar a profesores que se encargasen como voluntarios o entregar las llaves a los servicios territoriales.

En la misma línea, el exinspector de la Conselleria de Enseñanza Jesús Rul relató que el inspector jefe les instó en una reunión el 21 de octubre de 2014 a no intervenir ante la petición de la Inspección Territorial de la Conselleria de Enseñanza de Barcelona y Comarcas a los directores de institutos para que cedieran los centros para el proceso participativo. Rul, que está jubilado, explicó que le “inquietó” que los Servicios Territoriales pidieran a los directores que cedieran los centros oralmente y no por escrito.

Posteriormente fue el turno de la directora de un instituto de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a ceder su centro para el 9-N, quien aseguró que, entre los días 6 y 7 de noviembre, recibió órdenes del Departamento de Enseñanza para que entregara las llaves cuando la consulta soberanista ya había sido suspendida. La directora, Dolores A., reveló que el 7 de noviembre recibió varias llamadas de la exdirectora de Servicios Territoriales de Enseñanza, Montserrat Llobet, apremiándole a entregar las llaves del centro, advirtiéndole de que era “la última que quedaba” por hacerlo, a lo que ella se resistió.

Sin embargo, no todas las declaraciones de ayer fueron en esta línea y algunos testigos negaron haber sido presionados. Es el caso de la directora del IES Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), Josefa Bosch, quien rechazó haberse sentido coaccionada para ceder el edificio para la consulta por parte de la directora de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Enseñanza en Barcelona y Comarcas, en una reunión con directores de esa zona para informarles de que sus centros iban a ser sedes del 9-N.

Material facturado La exdirectora del Centro de Iniciativas para la Reinserción de la Generalitat (Cire) y hoy senadora de PDeCAT, Elisabet Abad, aseguró que el material que el Govern les encargó para la consulta ya estaba “hecho y facturado” antes de que el Tribunal Constitucional suspendiera el 9-N. “El 30 de octubre los transportistas vinieron para llevar el material para el proceso participativo”, dijo a preguntas del fiscal, con lo cual este trabajo se hizo antes de que el 4 de noviembre el TC suspendiera la consulta. - DNA