repetir las elecciones supondría unos 136 millones de euros en gastos fijos, casi lo mismo que en los comicios del 20 de diciembre, una partida de la que es difícil recortar, salvo que los partidos renuncien a los más de 49 millones de euros que supone el envío de propaganda electoral. Son numerosas las voces que piden que, si hay que ir de nuevo a votar, se haga una campaña más austera y con contención del gasto, aunque ese llamamiento deberán atenderlo fundamentalmente los partidos en sus actos de campaña, ya que de los gastos de organización de los comicios parece difícil recortar.
En todo caso, es el mailing el mayor gasto para el Estado y, de hecho, el capítulo de envío de publicidad pasó de los 38,4 millones de euros de las generales de 2011 a 49,2 millones en las últimas, casi 11 millones de euros más, motivado por la concurrencia de más partidos.
Independientemente de las subvenciones y de los gastos de la campaña que haga cada partido, el Estado les abona -a posteriori- para el envío de sobres, papeletas y propaganda 0,18 euros por elector en cada circunscripción en la que haya presentado lista al Congreso y al Senado, siempre que la candidatura haya obtenido el número de parlamentarios o de votos preciso para constituir grupo en una u otra cámara.
Algunos partidos como IU ya plantearon antes del 20-D ahorrar a las arcas públicas esta partida de propaganda, de forma que fuera el Estado el que hiciese un mailing universal con papeletas de todos los partidos en un solo sobre.
No obstante, la supresión del envío de propaganda y papeletas de los partidos a domicilio no cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas, ya que quienes se oponen entienden que redundaría en una caída de la participación.
De la importancia de esta partida da idea el informe del Tribunal de Cuentas sobre el gasto de los partidos en las elecciones generales de 2011 -el de 2015 aún no está disponible-, según el cuál, cerca del 40% del gasto electoral conjunto de las fuerzas políticas en esos comicios (65,01 millones de euros) correspondió al envío de propaganda electoral, 25,91 millones.
En el coste de organización quedan otros 86,7 millones de gastos fijos y que se mantienen estables. Es el caso de los 17,3 millones que supone realizar el escrutinio provisional y los medios informativos, la partida más elevada después de la del envío de propaganda. Por detrás figura el presupuesto para las fuerzas de seguridad: 12,7 millones para desplegar 90.000 agentes. - Efe
