Al dictador Francisco Franco le quedaban 54 días de vida, pero el régimen no estaba dispuesto a morir con él. Para ello, planteó una demostración de fuerza inequívoca desafiando incluso a la comunidad internacional, que le pedía que no ejecutara sus planes. El 27 de septiembre de 1975, hace hoy cuarenta años, eran fusilados cinco jóvenes activistas -tres militantes del FRAP y dos de ETA- tras unos juicios militares sumarísimos o consejos de guerra en los que no se respetó garantía jurídica alguna, no hubo derecho de defensa y se aceptaron como pruebas irrefutables los testimonios de los acusados arrancados bajo salvajes torturas. El Consejo de Ministros de Franco firmó su autorización el día 26, donde también indultaba a otros seis condenados a muerte. Estas son las (breves) historias de las víctimas de unos de los últimos crímenes del franquismo, aún impunes. Aún viven tres miembros de aquel Gobierno franquista.

Estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela, fue acusado del asesinato del policía Lucio Rodríguez Martínez, elegido al azar por los miembros del FRAP que efectuaron el atentado en la calle Alenza de Madrid en la que fue la primera víctima mortal de esta organización revolucionaria antifascista tras la que estaba el PCE (marxista-leninista). Fue condenado a muerte en el consejo de guerra celebrado en el acuartelamiento militar de El Goloso de la capital madrileña y fusilado en el campo de tiro de El Palancar (Hoyo de Manzanares, Madrid) por un pelotón de guardias civiles voluntarios. A sus familiares les fue impedido presenciar la ejecución. Horas antes de morir escribió: “Papá, mamá: Me ejecutan mañana de mañana. Quiero daros ánimos (...) Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos para ver la muerte de frente”.

Estudiante de Físicas en Madrid, camarada Hidalgo fue condenado por la muerte con un tiro casi a bocajarro en el pecho del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, ocurrida a las puertas de su domicilio en Madrid, atentado reivindicado por el FRAP. Condenado a muerte en El Goloso, fue ejecutado también en El Palancar por un grupo de policías armadas que, según los familiares de las víctimas, los vieron bajar tras la ejecución “como si vinieran de celebrar algo”. Todos los condenados fueron fusilados porque no había verdugos suficientes para ejecutarlos a garrote vil. Los sentenciados por matar a guardias civiles -como Sánchez-Bravo- fueron ajusticiados por policías armadas mientras que los acusados de asesinar a policías lo fueron por guardias civiles. Su pareja, Silvia Carretero, que también fue detenida y torturada, estaba embarazada.

Apodado Pito, Sánchez-Bravo fue acusado y condenado a la pena capital como autor material del asesinato en Madrid del guardia civil Antonio Pose, llevada a cabo con una escopeta Laurona con los cañones recortados. Su abogado, como los demás, fue expulsado del juicio solo por plantear alegaciones. Fue fusilado, como el resto de sus compañeros del FRAP, en El Palancar por un pelotón de policías armadas. Ningún familiar pudo acudir siquiera a visitarle cuando estaba en capilla ni a la ejecución. Su único allegado, su hermano Santiago, estaba hospitalizado, así que pasó su última noche completamente solo. Fue enterrado provisionalmente junto a su compañero Xosé Humberto Baena.

Extremeño de nacimiento, Txiki residía en Zarautz con su madre y sus seis hermanos (el padre había muerto años antes) y tenía 21 años cuando fue fusilado acusado de ser el autor de la muerte del cabo primero de la Policía Armada Ovidio Díaz López durante el atraco a un banco en Barcelona. También se le acusaba del atentado mortal del policía José Luis Díaz Linares. Había militado en EGI y en poco más de año y medio pasó de ser un miembro legal de ETA a la clandestinidad, la detención y la muerte. Había pedido ser fusilado “como un gudari más” y fue ajusticiado por un pelotón de guardias civiles voluntarios junto al cementerio de Sardanyola que le dispararon once balas mientras cantaba el Eusko Gudariak y gritaba Aberria ala hil y Gora Euskadi askatuta mientras agonizaba. Tuvo que ser rematado con el tiro de gracia. “Hoy voy a morir por el simple hecho de luchar por mi pueblo, lo que no es un crimen”, dejó escrito. Asumió su militancia en ETA pero siempre negó los hechos que le imputaban. Su hermano mayor, Mikel, y sus abogados Marc Palmés y Magdalena Oranich estuvieron presentes en la ejecución.

Aunque de solo 33 años, era el mayor de todos los ejecutados el 27 de septiembre de 1975. Hijo de madre soltera, nació y vivió en Nuarbe. Fue condenado en el consejo de guerra celebrado en Burgos como cómplice en la muerte realizada por ETA del guardia civil Gregorio Posadas Zurrón, al haber facilitado información y dado cobijo a los autores materiales. Fue fusilado, solo, por ocho policías armadas en un patio de la misma prisión de Burgos en la que estaba encarcelado.“Ama, yo no he matado a nadie, ellos me van a matar”, dijo a su madre poco antes de la ejecución. Después, se despidió diciendo tres veces agur.

José Antonio Garmendia Artola, de 23 años cuando ocurrieron los hechos y militante de ETA, fue sentenciado a la pena capital junto a Angel Otaegi por la muerte de Gregorio Posadas. Durante su detención recibió un tiro en la cabeza que le dejó incapacitado.

Manuel Blanco Chivite, de 30 años, periodista y militante del FRAP, fue sentenciado por el asesinato de Lucio Rodríguez.

Vladimiro Fernández Tovar, de 23 años y agricultor. Condenado en El Goloso como cómplice en la muerte de Lucio Rodríguez.

Concepción Tristán López, militante del FRAP de 21 años y enfermera de profesión. Condenada a muerte por la muerte de Pose, estaba embarazada en el momento de la sentencia.

María Jesús Dasca Penelas, de 20 años y estudiante. Sentenciada por “ordenar” la muerte de Pose. Estaba también en avanzado estado de gestación.

Manuel Cañaveras de Gracia, de 20 años, estudiante de COU y activista del FRAP. Fue también sentenciado como cómplice en el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose.