Gasteiz - La reforma de la Ley de Policía del País Vasco es un objetivo anhelado desde hace años por los sucesivos inquilinos de Ajuria Enea. Tras no lograrlo el anterior ejecutivo socialista de Patxi López, el gabinete de Iñigo Urkullu ha cogido el testigo y plantea esta modificación como una forma de “consolidar” la imbricación en la sociedad vasca de un modelo policial que “ya es una realidad asentada y reconocida”. Según el borrador del anteproyecto de ley elaborado por el Departamento de Seguridad, se trata de fortalecer la relación entre la Ertzaintza y una ciudadanía “a la que se debe rendir cuentas” con una normativa más garantista para ambas partes y en la que tendrá un papel vital un mayor control de la actuación policial.

“Se contempla la interacción obligatoria entre la policía y la ciudadanía -afirma el documento-, asegurando mecanismos de tratamiento de quejas cuya independencia del servicio policial genere confianza en que van a recibir un tratamiento neutral”. La reforma de esta ley, la quinta desde su aprobación original en 1992, perseguirá además “reforzar el nuevo modelo policial”, afirmaron fuentes de la consejería a DNA. Es decir, dotar de cuerpo legal a las modificaciones que se están llevando a cabo en esta legislatura de cara a lograr esa Ertzaintza más cercana al ciudadano en el nuevo tiempo sin violencia de ETA, todo ello en estrecha relación con el Plan Estratégico Horizonte 2016.

En lo que a los mecanismos de control de la actividad policial se refiere, a las herramientas jurisdiccionales y parlamentarias existentes se sumarán dos iniciativas: crear una Comisión de Control independiente de la Policía vasca y potenciar Ekinbide, el sistema de tratamiento de quejas ciudadanas para mejorar los servicios que presta este cuerpo. Según las fuentes consultadas, la Comisión pretende “analizar las actuaciones policiales que pudieran haber contribuido directa o indirectamente al fallecimiento o lesiones graves de una persona y las prácticas que hayan suscitado quejas y afecten a la necesaria confianza entre ciudadanía y Ertzaintza”.

La idea de crear este órgano surge a raíz de la muerte de Iñigo Cabacas en abril de 2012 tras una carga de la Policía vasca en la que se dispararon pelotas de goma, una de las cuales impactó en el joven, un suceso que aún se encuentra en sede judicial. La Comisión de Control tendrá una composición mixta: funcionarios policiales con una antigüedad mínima de 15 años en el cuerpo y profesionales externos, todos ellos “de reconocido prestigio, solvencia y experiencia”. Seis personas en total, incluyendo al presidente, que permanecerán cinco años en el cargo y que no percibirán retribución por el mismo. Según el anteproyecto, el departamento competente en materia de seguridad deberá “facilitar el acceso de la Comisión de Control a las instalaciones policiales y a todos los datos, documentos y archivos policiales precisos”. Del mismo modo, “todos los funcionarios policiales estarán obligados a colaborar en la investigación”.

Si el hecho investigado es objeto de un proceso penal en curso, la Comisión deberá obtener una autorización judicial, y si aprecia un ilícito penal pondrá el caso en conocimiento del Ministerio Fiscal. Una vez concluida la investigación, emitirá un informe y formulará una recomendación que puede consistir en la apertura de expedientes disciplinarios. También puede realizar “propuestas de mejora” para evitar que se repitan los problemas detectados. La Comisión de Control llevará a cabo una memoria bienal que remitirá al Parlamento Vasco .

Respecto a Ekinbide, garantizar el acceso de los ciudadanos a este sistema de tratamiento de quejas y proporcionar información sobre el mismo será clave. Así, en las comisarías deberá “exhibirse información sobre el procedimiento de queja, especialmente en las zonas de detención”. El borrador del anteproyecto de ley agrega que “la tramitación de las quejas se realizará por personal especializado no perteneciente al cuerpo policial” y que los servicios policiales están “obligados a facilitar a Ekinbide toda la información y datos precisos para llevar a cabo su investigación”. Realizará una memoria anual de su trabajo para trasladarla a la Cámara vasca.

Incluido en el calendario legislativo del gobierno de Iñigo Urkullu, el anteproyecto para modificar la Ley de Policía del País Vasco entrará en fase de alegaciones en cuanto se publique -de inmediato- en la página web de Seguridad. La previsión es que sea elevado al Consejo de Gobierno en diciembre para su aprobación, tras lo que se iniciarían los trámites parlamentarios con la creación de una comisión al efecto. Si los trabajos discurren a un ritmo suficiente, se espera aprobar el proyecto de forma definitiva en junio de 2016, con el final de legislatura ya en el horizonte cercano.

El Departamento de Seguridad presentó este borrador a los sindicatos en una reunión el pasado día 14 a la que tan solo faltó ESAN. En un duro comunicado, la central denunció que esta modificación “no es prioritaria y solo le interesa al Gobierno Vasco”, que persigue “un control político total y absoluto de la Ertzaintza”. Calificó de “aberración” la Comisión de Control, que rebautizó como “Comisión Política”, y calificó la discriminación positiva de la mujer como “contraria a todas las legislaciones existentes”. En la reunión, la consejería pidió a los sindicatos que realizaran sus alegaciones y propuestas al texto.

Estímulos positivos Además de estos mecanismos de control, Seguridad también destaca en el apartado del reforzamiento del nuevo modelo policial dos aspectos: situar a la Ertzaintza “en la vanguardia de la defensa y protección de los derechos humanos”, lo que “se enmarca en la tradición de nuestros derechos históricos”, y reforzar el “sistema de estímulos positivos” de los agentes del cuerpo. En el primer caso, se integrará en el ordenamiento jurídico el Código Europeo de Ética de la Policía, que establece “pautas de comportamiento” a los funcionarios y responsables policiales, “tanto en la interrelación con la ciudadanía como en la propia organización interna de los servicios”.

En cuanto a los estímulos al trabajo policial, se incluirán bonificaciones salariales a los funcionarios derivadas de la evaluación del desempeño de su labor, gratificaciones extraordinarias o el sistema de condecoraciones y distinciones. En este apartado también se modificará el régimen disciplinario, en el que se moderarán las sanciones a los agentes y se otorgarán más garantías al funcionario expedientado.