Bilbao - La Audiencia Nacional rechaza indemnizar a víctimas de los GAL y de extrema derecha si esas personas pertenecieron a ETA, aunque no exista ninguna sentencia que lo acredite. Serán suficientes informes policiales o de la Guardia Civil. Así lo dejó ver el tribunal en dos sentencias hechas públicas el martes, en las que se alineaba en buena medida con las tesis del Gobierno español y rechazaba la petición de indemnización de las familias de Joxean Lasa (torturado, asesinado por los GAL y sepultado en cal viva junto a su amigo Joxi Zabala en 1983) y Josu Muguruza, diputado de Herri Batasuna tiroteado en Madrid en 1989 por un grupo de extrema derecha. El tribunal sí dio la razón a la familia del cofundador del diario Egin, Ángel Etxaniz, porque en su caso no consideró acreditada la pertenencia a organización criminal.

A los familiares no les queda otra que confiar en que Europa revoque la decisión llamando a la puerta del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La compañera de Muguruza, Elena Bartolomé, ya anunció el año pasado que estaría dispuesta a explorar ese camino si los tribunales españoles no respondían a sus demandas. Este periódico se puso ayer en contacto con Axun Lasa, hermana de Joxean Lasa, quien no quiso adelantar si acudirá a Europa ni hacer más declaraciones. “La decisión de la Audiencia Nacional es más de lo mismo. No esperábamos otra cosa”, dijo. La familia de Josu Muguruza digería ayer la sentencia. Ha visto cómo le deniegan de la indemnización en una sentencia en la que se da por sentado que el fallecido, su compañera y su hija tienen vinculaciones con ETA. La hija, Ane Muguruza, consideró una “verdadera vergüenza” la sentencia, en declaraciones a Radio Euskadi.

El Gobierno español provocó que las familias acudieran a los tribunales cuando denegó la ayudas amparándose en el convenio europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos. Ese marco permite reducir o suprimir las ayudas si la víctima o el solicitante pertenecen a una organización que perpetra delitos violentos. Es decir, se puede suprimir porque la víctima fuera de ETA, o bien los familiares que piden la ayuda. La polémica estriba en que a Madrid le valen los informes policiales y no pide una sentencia firme que acredite la pertenencia a ETA. En algunos ámbitos han opinado que ese esquema da margen a decidir arbitrariamente quién es miembro de ETA y quién no, y a tomar las decisiones con criterios políticos, quizás para tranquilizar a los sectores más inflexibles del PP. Hay una veintena de casos recurridos.

En el caso de Muguruza, el tribunal expone una mezcolanza de datos sobre toda la familia aunque termina diciendo que ninguno ha sido condenado. Sobre la víctima, esgrime informes policiales y de la Abogacía del Estado. Sobre su compañera, dice que fue detenida por colaborar con ETA. Sobre su hija, argumenta que estuvo imputada por enaltecimiento en 2007. No obstante, añade que ambas han acreditado que no han sido condenadas por los hechos. En ese contexto, Ane Muguruza aseguró ayer que en la sentencia “no hay más que mentiras”. “No existe sentencia alguna en la que se condene a mi aita, ni a mi ama ni a mí. Encima se nos nombra a nosotras también como si tuviéramos algún vínculo con ETA. Eso es mentira, porque no existe sentencia alguna para probar eso”, sostuvo.

En el caso de Lasa, la Audiencia le atribuye pertenencia a ETA porque en la sentencia sobre su asesinato se menciona de pasada y como si fuera un hecho probado que fue del comando Gorki, cuando nunca fue condenado en vida por ese delito. Su hermana Axun Lasa, además, ha participado en dinámicas con víctimas de ETA y se ha posicionado a favor de la reconciliación. En este caso, la indemnización la pidieron los padres.

La decisión ha despertado la indignación de los grandes partidos vascos. Ni siquiera el PP quiso congratularse por la sentencia, pese a que valida en gran medida la posición del Gobierno de Rajoy. El presidente del partido en Gipuzkoa, Borja Sémper, solo expresó su respeto a la sentencia, pero a renglón seguido mostró su “sensibilidad ante aquéllos que han sufrido la pérdida de un ser querido a manos de una organización terrorista”. “Me da igual que sea ETA, el GAL o la que sea”, abundó. Sin embargo, la nota discordante de la jornada llegó desde el propio PP, con la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo Mari Mar Blanco: “Esas personas que se ha demostrado que antes de convertirse en víctimas participaron en una organización terrorista me parece muy importante que no puedan beneficiarse de ese Estado de Derecho que durante tantísimos años intentaron destruir a fuerza de las bombas y del uso de las pistolas”.

en contra Desde el PSE, su secretaria general, Idoia Mendia, fue categórica al pedir que se mantenga “un principio de igualdad entre todas las víctimas del terrorismo”, con independencia de quiénes sean. “Las decisiones relacionadas con las víctimas del terrorismo, sean quiénes sean, tienen que atenerse a los principios de justicia, verdad y reparación”, insistió. En el aspecto jurídico, recalcó que personas que no han sido condenadas con sentencias firmes ni se les conoce vinculación con el terrorismo “no pueden tener esta discriminación”. Además, puso sobre la mesa que la familia Lasa “está implicada en generar espacios de convivencia en Euskadi”.

Para el PNV, la Audiencia insinúa que los crímenes de los GAL no deben considerarse delictivos cuando fueron cometidos contra miembros de ETA. El diputado jeltzale Emilio Olabarria instó a Europa a reparar la decisión. Desde Amaiur, Iker Urbina puso el acento en que para denegar las indemnizaciones sean suficientes informes “realizados por Cuerpos de Seguridad del Estado cuyos miembros intervinieron en el asesinato de esas personas”.