- El nuevo tiempo que vive Euskadi tras el anuncio de ETA de poner punto final a su actividad armada requiere una adecuación de la Justicia, lo que implicaría, como primera medida, acabar con las legislaciones excepcionales con las que los jueces han abordado la problemática de la violencia a lo largo de las últimas décadas. Ese es el principal argumento de la tercera edición del foro El derecho penal ante el final de ETA organizado ayer por Sabino Arana Fundazioa, y en el que tomaron parte medio centenar de jueces, fiscales, abogados penalistas, políticos y académicos.
Bajo la coordinación de Margarita Uria, exmiembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los ponentes fueron tres catedráticos de Derecho Penal: Mercedes García Arán (Autónoma de Barcelona), Carmen Lamarca (Carlos III de Madrid) e Ignacio Muñagorri (UPV/EHU), y el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez. Entre los asistentes, el presidente del TSJPV Juan Luis Ibarra; el fiscal superior de CAV, Juan Calparsoro; Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco; el abogado Iñigo Iruin; o el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, miembro del tribunal que el pasado miércoles absolvió a 40 jóvenes acusados pertenecer a Segi.
En la salutación a los asistentes al encuentro, Juan María Atutxa, presidente de Sabino Arana Fundazioa, explicitó el contexto en el que se desarrolla este foro, "dos años, siete meses, y veintitrés días después de la decisión de ETA", un paso importante dado por la organización armada, a la que recordó que aún le queda dar el paso "más valiente y audaz, el que le demanda y exige una gran mayoría de la sociedad vasca: el de su disolución". Con respecto al Estado, Atutxa señaló que no puede eludir su responsabilidad a la hora de acabar con un régimen de excepcionalidad creado al amparo de la lucha contra ETA. "Una legislación de excepción, un Código Penal de excepción, una Justicia -en muchos casos de excepción-, y un reglamento y unas prácticas penitenciarias también de excepción, en los tiempos que actualmente corren contaminan la cultura de los derechos fundamentales", aseguró quien fuera consejero vasco de Interior y, por lo tanto, máximo responsable del Ejecutivo de Gasteiz en la lucha contra ETA.
Por todo ello, y a modo de conclusión, Atutxa señaló que el Estado ha de desandar parte del camino andado, y no solo en función de la decisión adoptada por ETA y del nuevo tiempo, "sino en nombre de los propios principios de un Estado de Derecho y de la salvaguarda de los derechos y las libertades básicas".
En similares términos se expresó posteriormente ante la prensa Joaquín Giménez, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. A su juicio, "hay que ir eliminando situaciones excepcionales de respuestas excepcionales. El terrorismo es una de los casos más típicos en los que se puede producir esa respuesta excepcional, pero hay unas líneas rojas que no se pueden sobrepasar". Giménez fue incluso más allá al asegurar que "la construcción del derecho penal del enemigo, es el no derecho". Giménez incidió en que se deben salvaguardar los derechos de los imputados, "sea quien sea, desde el terrorista más sanguinario al acusado por la corrupción económica más grave".
Giménez se refirió también a las peticiones de acercamiento a cárceles vascas que han realizado los reclusos integrados en el Colectivo de Presos Políticos Vascos, solicitudes que han sido rechazadas por Instituciones Penitenciarias, lo que ha abierto la puerta a la presentación de recursos ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria. El magistrado del Supremo se remontó a la opción por él defendida hace años. "Cuantas menos excepcionalidades mejor, y en contra de la dispersión ya me he manifestado hace mucho tiempo. Por eso creo que sus demandas -la de los presos- deberían ser aceptadas". Con respecto a la doctrina Parot y la derogación de esta legislación especial por parte del Tribunal de Estrasbrugo, Giménez recordó que él se opuso en el Supremo a su aplicación e insistió en que los beneficios penitenciarios deben ser aplicados al cómputo máximo del tiempo que debe pasar un recluso en prisión y no a cada una de las penas impuestas.
La catedrática de Derecho Penal Mercedes García Arán se refirió al cumplimiento de las penas y señaló que las medidas excepcionales han venido motivadas por las políticas hacia ETA, unas medidas que ahora se mantienen alegando como razón responder al denominado terrorismo islamista.
Nueva realidad Por su parte, a juicio del fiscal superior del la CAV, Juan Calparsoro, las leyes deben adaptarse, "de alguna manera, a la nueva situación" del fin de ETA.
Calparsoro señaló que "la nueva realidad debe influir no solo en la aplicación y en la interpretación de las leyes por parte de los jueces y fiscales, y en el sistema penitenciario", sino que también "debería afectar a un cambio legislativo, es decir, que las leyes se adaptasen, de alguna manera, a la nueva situación respecto al terrorismo vasco y de ETA".
El fiscal superior del CAV manifestó, asimismo, que subsiste la problemática de la criminalidad vinculada al terrorismo como pueden ser la islamista u otro tipo de actividades de máxima peligrosidad, que pueden justificar algún tipo de normas, pero con respecto a ETA , consideró que ha variado la situación los últimos años. Por ello, incidió en la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. "De alguna manera, hay que adecuarse a los principios de la Constitución y del Convenio Europeo de Derechos Humanos", aseguró, para afirmar que hay que avanzar hacia un sistema que sea cada vez "más respetuoso con estas garantías".
