La "alarma social" de los secundarios

igor santamaría

BILBAO. "Alarma social". A este clima de inquietud se acogen el Gobierno español y las asociaciones de víctimas a la hora de reprochar a Estrasburgo las consecuencias de la derogación de la doctrina Parot porque, al margen de los reclusos de ETA, quedarán excarcelados 14 presos condenados por asesinatos, agresiones sexuales y otros delitos comunes especialmente graves. El cese de la violencia y el proceso de pacificación neutraliza el supuesto peligro que ocasionará la libertad de los miembros de la banda terrorista. Sin embargo, en el segundo caso afloran las dudas acerca del éxito de la resocialización a la que en teoría han sido sometidos personas que, algunas de ellas, cobraron además una potente carga mediática.

Entre ellos se halla Miquel Ricart Tárrega, único condenado en 1997 por el asesinato de las tres niñas de Alcàsser (Valencia), cometido cinco años antes, amén de cuatro delitos continuados de violación. A priori, habría salido a la calle en 2011, pero en abril de 2010 la Audiencia Provincial de Valencia le aplicó la doctrina extinguida ayer para que los beneficios penitenciarios se aplicaran sobre los 186 años de prisión a los que fue castigado, si bien ahora se ahorrará diez años de cárcel. En la lista también se encuentra Pedro Luis Gallego Fernández, conocido como el violador del ascensor, natural de Valladolid y que arrastraba la muerte de dos mujeres, la violación de otras diez y la agresión sexual de tres más. Detenido en 1992 y condenado a 273 años de prisión, con los permisos penitenciarios aplicados a los 30 años de cumplimiento máximo del Código Penal, habría podido salir en 2008, pero la doctrina Parot retrasaba su excarcelación a 2022.

A ellos se une Pedro Manuel García Ribado, uno de los dos violadores del portal -el otro era Antonio Barroso-, a quien en 1996 la Audiencia de Madrid le impuso la estratosférica cifra de 1.721 años de cárcel por 51 violaciones cometidas entre diciembre de 1990 y octubre de 1993, y que con la normativa extinguida le habría tenido entre rejas hasta 2023.

Joaquín Villalón Díez, apodado el asesino señorito, en 1981 estranguló y descuartizó a su amante, a la que había dejado embarazada, crimen por el que le echaron 17 años de cárcel; entre septiembre y octubre de 1992, cuando estaba en régimen abierto, mató y robó a dos mujeres transexuales, estableciéndose su salida del centro penitenciario en 2022. Además, serán igualmente excarcelados Jesús Vela Martínez y Manuel Lorenzo Vázquez, dos policías nacionales con numerosos expedientes abiertos por la Brigada de Asuntos Internos, y que en 1994 asesinaron en Nigrán (Pontevedra) al empresario del sector de la piedra David Fernández Grande, a su mujer, a su hija y a una empleada del hogar después de secuestrarlos y obtener un rescate de 120.000 euros. Dos hijos del industrial sobrevivieron al crimen y la Audiencia Provincial de Pontevedra condenó a cada uno de los dos agentes a 220 años de prisión, de modo que la doctrina Parot preveía mantenerles entre rejas hasta 2024.

Figuran también Arturo Abal Iglesias, condenado a 96 años de cárcel por seis violaciones; Habit Diop Seydi, a 38 años y diez meses por dos violaciones; José Sánchez Sánchez, a 61 años y diez meses por agresión sexual y varios robos con violencia; Pedro José Romero Hernández, condenado a 32 años y dos meses por tres delitos de detención ilegal y un robo con violación; Abel de Jesús Vázquez García, a 50 años por asesinato y tenencia ilícita de armas; Pedro Antonio Seco Martínez, a 90 años por tres asesinatos; Manuel Mallo Martínez; condenado a 44 años por asesinato; y Juan Manuel Valentín Tejero, que secuestró, violó y mató a la niña de 9 años Olga Sangrador en 1992 en Villalón de Campos (Valladolid). El pasado marzo el Supremo confirmaba la decisión de la Audiencia de Valladolid de que cumpliera cárcel hasta 2025 en virtud de la doctrina Parot, aunque inicialmente su condena (50 años) quedaba extinguida en marzo de 2012. Encarnación Caballo, madre de Olga, advirtió ayer de que llegará hasta donde tenga que llegar para defender los derechos de su hija. "Voy a llegar hasta el final. No todo el mundo puede salir a la calle e irse de rositas", proclamó.

sin vías para vigilarlos El Gobierno español es consciente de que no puede establecer ningún tipo de vigilancia a estos reos una vez ya hagan vida normal. El magistrado Joaquim Bosch argumenta que "no se pueden limitar los derechos de una persona que ya ha saldado su pena por el mero hecho de que existan sospechas sobre la posibilidad de que vuelvan a actuar. Para una labor de prevención ya existen las Fuerzas de Seguridad del Estado". Con el ordenamiento en la mano, lo único posible es la prohibición de acercarse a cierta distancia de las víctimas o de vivir en el mismo municipio, pero únicamente si en su día se fijó esa limitación en la condena. El control telemático mediante pulsera electrónica se contempla en el caso de condenados que salen con permisos o con tercer grado penitenciario. Si la pena queda saldada, como es el caso de estos reclusos, el Estado solo podrá intervenir si cometen otro crimen.

Miquel Ricart, Pedro Luis Gallego y Manuel Lorenzo, algunos de los delincuentes que saldrán a la calle. Foto: efe