Vitoria. Muchas cosas han pasado desde que hace hoy justo dos años ETA hiciera el anuncio de cese definitivo de la lucha armada. Fundamentalmente que han acabado los asesinatos, las amenazas y extorsiones, y que el panorama político ha cambiado al formar parte de las instituciones todas las sensibilidades, incluida la izquierda abertzale. Sin embargo, el proceso de la consolidación de la paz sigue bloqueado y es ahí donde surgen los retos más importantes. ETA sigue sin dar pasos hacia su desaparición y desarme, que tantas expectativas ha abierto en los últimos meses, todas frustradas. Por no hablar del desafío de afrontar la convivencia desde la memoria, el respeto a los derechos humanos, y el reconocimiento y reparación hacia las víctimas de la violencia, todo ello con el máximo consenso posible
Más allá del hecho, del gran hecho de que la muerte y el terror son ya cosas del pasado, la decisión de ETA de hace dos años ha dejado una gran consecuencia, la legalización de Sortu, la marca de la izquierda abertzale. Pero, sustancialmente, poco más se ha movido en lo que algunos llaman proceso de paz y otros el fin ordenado de la violencia. Como ejemplo, la radiografía que realiza con cierta periodicidad mediante una encuesta el Observatorio Social de Lokarri, que en su informe del pasado septiembre constata el estancamiento en el que se encuentra el proceso de paz. La nota media de la situación que refleja dicho sondeo se sitúa en un suficiente por los pelos, con 5.05 puntos. Esta valoración confirma el descenso de la percepción positiva sobre el proceso de paz, que alcanzó su máxima cota tras la celebración del la Conferencia de Aiete (7,76 puntos), que tuvo lugar tres días antes del anuncio de ETA.
Lo cierto es que si el cierre ordenado de la violencia pasa, además de por atender a las víctimas de ETA, por canalizar el futuro de los más de seiscientos presos de la organización terrorista, poco o nada se ha avanzado en este crucial tema. La cerrazón del Gobierno de Mariano Rajoy, con su negativa a mover ni un ápice su política de presos hasta que ETA proceda a su desarme y se disuelva, y el rechazo de la organización terrorista a dar pasos en esa dirección han dado al traste con cualquier avance. A su vez, el Ejecutivo del PP aumenta su presión policial y judicial contra ETA y las organizaciones de la izquierda abertzale, como demuestran la reciente suspensión de actividades de Herrira, el arranque de los macrojuicios en el que están encausados destacados dirigentes de Sortu, y las abultadísimas condenas a militantes de la organización terrorista.
Un panorama que también tiene su derivada en la situación política en Euskadi, donde sigue siendo difícil activar iniciativas conjuntas en sede parlamentaria donde se pongan las bases de la convivencia. Un puñado de frentes abiertos condiciona el futuro de la consolidación de la paz.
'Doctrina parot'
El "sopapo" de Estrasburgo
Lo más inmediato. Lo más temido por el Gobierno del PP. Sostiene el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que si, como ha trascendido, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo confirma la derogación de la doctrina Parot, supondrá un "paso de gigante en la resolución del conflicto". Pese a que, probablemente, el Gobierno maniobre para minimizar el impacto de la decisión, deberá acatar la sentencia, y supondrá la salida a la calle de varias decenas de presos de ETA, lo que aliviará algo la presión de este colectivo, en el que están fijadas todas las miradas. Pero sobre todo, como asegura el catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Deusto, Javier Elzo, será un "sopapo manifiesto para la Justicia española". "La derogación de la doctrina Parot va a suponer un paso pero, mientras no se dé una salida global a los presos, nada se va solucionar", matiza Elzo.
