con demasiada e injusta frecuencia se asocian nuestro viejos derechos forales a una realidad jurídica trasnochada, superada por la realidad social, alejada de la modernidad, exponente del "antiguo régimen" y otros infundados tópicos. Frente a esta visión peyorativa y negativa de nuestra regulación foral, podemos apreciar ejemplos en el día a día que ponen a cada realidad normativa y política en su sitio. Solo con detenernos en el principio de libertad civil, clásico y troncal en nuestros sistemas forales, podemos desmontar esa absurda y supuestamente progresista campaña que minusvalora desde un posmodernismo hueco la dimensión de nuestras regulaciones históricamente vigentes y que debemos conservar, modificar y desarrollar para actualizar su contenido sin desvirtuar la esencia de las mismas.

¿Impone o ha impuesto alguna vez nuestro sistema foral su regulación para todas las personas y familias a las que cabe extender su aplicación? Nunca. ¿Impone, por ejemplo, un modelo único de familia, o una única y obligatoria forma de heredar, o impone su visión social de la tierra y de la propiedad? Nunca. La clave radica en la libertad civil, en la libertad individual: nuestros sistemas forales proponen soluciones, no las imponen.

Viene todo este preámbulo a cuenta de una nueva iniciativa del Gobierno Rajoy que me parece ideológicamente indefendible: el Ministerio de Ana Mato lidera y trabaja en un Plan Integral de Apoyo a la Familia, una estrategia interministerial que será presentada este año. Su impulsora dentro de la estructura del Gobierno inauguró recientemente el congreso El matrimonio sí importa, el divorcio no es la solución, organizado por el Foro de la Familia. En las conclusiones de este foro se acordó "defender la bondad social y personal" del matrimonio "estable y serio" con un plan de trabajo para los próximos años que incluye la promoción de "un cambio en las leyes vigentes en materia de disolución del matrimonio y divorcio", para que el ordenamiento jurídico ampare con una ley a los matrimonios que deseen que su unión "no sea disoluble a petición", es decir, un compromiso matrimonial para toda la vida.

Otra acción concreta que se acordó en ese congreso fue la de presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento para "provocar el cambio legislativo correspondiente" con la que proteger el matrimonio de quienes así lo deseen "frente a las tentaciones divorcistas". Esta ILP iría precedida de una campaña informativa en la que se denunciaría "la discriminación jurídica actual de quienes se quieren casar con carácter estable".

¿Es posible creer que el Gobierno de un supuesto Estado de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y el pluralismo (este el pomposo tenor literal del artículo de la sacralizada Constitución española) acabe previendo en una ley la irrevocabilidad del consentimiento matrimonial? ¿Acaso nos obliga a divorciarnos a los casados el hecho de que exista una ley de divorcio? ¿Somos ciudadanos o un jardín de infancia? ¿Necesitamos que coarten nuestra libertad para sentirnos protegidos en nuestras convicciones?

El presidente del Foro de la Familia, Benigno Banco, fue secretario de Estado durante años en el Gobierno Aznar. En su opinión, la reforma del año 2005 del matrimonio homosexual y la del divorcio exprés "va contra el compromiso de estabilidad que nosotros creemos que adquirimos cuando nos casamos". Sin comentarios. En concreto, la propuesta del foro es "que se regule en paralelo otro tipo de matrimonio, entre hombres y mujeres, con vocación de estabilidad y abierto a la vida", por lo que proponen la opción del "matrimonio totalmente indisoluble".

Esta ocurrencia, además de no tener parangón en el Derecho comparado, es contraria a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y profundamente reaccionaria en lo ideológico. Restringir libertades bajo el señuelo de una orientación conservadora de la familia es regresivo socialmente. La familia no se destruye porque exista una regulación sobre divorcio; creía, en mi ingenuidad, que ese debate ya lo superamos socialmente cuando en 1981 se restableció la posibilidad de ruptura del vínculo matrimonial.

Ninguna ley, ninguna norma impone el divorcio porque este se regule de forma flexible. Nadie se divorcia por placer o capricho. Y todo reducto de libertad civil, como nos enseñó nuestro viejo Derecho foral, hace más libre, más democrática y más madura a la sociedad y a sus ciudadanos. Aprendamos de nuestra venerada regulación foral y no admitamos esta regresión de derechos sociales.