Vitoria. Una treintena de miembros de ETA huidos se han registrado en las últimas semanas en el Consulado de España en Baiona con el objetivo de poner fin a años de fuga al no tener ya causas pendientes con la Justicia por sus actividades relacionadas con la organización armada, según confirmaron ayer a este diario fuentes de la lucha antiterrorista del Estado español.
El pasado 3 de noviembre del año pasado, ETA, a través del Colectivo de Refugiados, hizo público en Iparralde un comunicado en el que manifestaron su deseo de poner fin a lo que denominan su "exilio". "Los refugiados venimos con ganas de aportar con voluntad de tomar parte en el proceso político como cualquier ciudadana o ciudadano vasco, así como con la firme intención de hacer desaparecer para siempre el exilio", señalaban. De este modo daba carta blanca a sus huidos para que puedan volver a Euskadi al levantar los obstáculos que hasta ahora ponía a quienes quisieron dar ese paso anteriormente.
Cinco meses después, un número importante de fugados ha sustanciado lo avanzado entonces por la banda. Las fuentes policiales consultadas no descartan que pueda tratarse de exmilitantes críticos con la banda que buscan "desmarcarse" y pretenden volver porque no tienen causas pendientes con la Justicia.
Desde el anuncio de ETA del abandono de la violencia en octubre de 2011, el Gobierno español tiene constancia del regreso y acercamiento de huidos, sobre todo a Francia, porque son los propios fugados los que acuden a los consulados y embajadas de España a solicitar los pasaportes. Aunque últimamente cada vez es mayor el número de los que tienen su origen en países de Europa, buena parte de ellos proceden de Sudámerica, donde se localiza la mayor parte de la colonia de militantes de la banda que paulatinamente han ido perdiendo peso interno.
La mayoría lleva muchos años, algunos incluso desde la década de los 80, escondido en diferentes lugares de residencia, después de haber estado vinculado con ETA como colaborador durante un tiempo y verse obligado a pasar a la clandestinidad ante la presión policial o de los tribunales. Según estas fuentes, entre este grupo que se ha registrado en el Consulado de España en Baiona no se encuentra ningún miembro destacado de ETA, bien sea por la comisión de atentados o por su participación en las centros de decisión de la banda.
Los abogados de la izquierda abertzale que habitualmente prestan sus servicios a los detenidos por su vinculación con ETA llevan meses realizando consultas sobre la situación de huidos que se han puesto en contacto con ellos de manera directa o a través de terceros. Estas consultas se han producido en la Audiencia Nacional donde estos letrados se interesan por conocer la situación judicial de los fugados: si hay órdenes de arresto y búsqueda y captura, si ha prescrito la causa...
Sin embargo, la ausencia de una orden de detención o la prescripción del delito no garantiza la inmunidad. En este sentido, además de algunos fiscales y jueces, algunas asociaciones de víctimas están especialmente proactivas en la investigación de atentados cuyos autores no han sido aún determinados. Fruto de esta actividad, han logrado reactivar algunos casos archivados e imputar delitos inicialmente prescritos a miembros de ETA.
El colectivo de exiliados y refugiados es junto a los presos y el desarme los tres frentes que mantiene la banda armada con los que busca presionar al Gobierno español a la hora de forzar una negociación sobre lo que la Declaración de Aiete denomina "consecuencias del conflicto". Estos pasos van acompasados con los gestos que desde la izquierda abertzale se están realizando en los últimos meses en reconocimiento al daño causado a las víctimas de la violencia, incluidas las de ETA, aunque sin llegar a pedir expresamente el perdón.
negociación Desde el Gobierno español no se contempla ninguna negociación, pero el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado en varias ocasiones que aquellos que no tengan causas pendientes con la Justicia pueden solicitar sus pasaportes y regresar sin necesidad de renunciar a la banda o responder por años de militancia.
Durante la tregua de 1998, el Ministerio del Interior del Gobierno de José María Aznar estableció un número de teléfono para que los miembros de ETA sin cuentas pendientes con la Justicia en el extranjero pudiesen llamar e informarse de sus posibilidades de regresar a España, si bien este contacto no tuvo excesivo éxito.
