Madrid. La Delegación de Gobierno en Madrid ha multado con 6.000 euros al convocante de la manifestación del 25 de septiembre en torno al Congreso de los Diputados, que acabó con 35 detenidos y 64 heridos, por "no garantizar la seguridad de la protesta", lo que supone incurrir en una falta grave. El departamento que dirige Cristina Cifuentes fundamenta su resolución en el artículo 4.2 de la Ley que regula el Derecho de Reunión, según la cual la responsabilidad de los actos derivados de una manifestación es de sus organizadores y que estos deben garantizar el buen orden y la seguridad de las protesta. Según informes facilitados por la Jefatura Superior de la Policía a la Delegación, la concentración del 25-S derivó en importantes incidentes."En ningún momento se pudo apreciar la existencia de medidas de seguridad adoptadas por los organizadores de los actos ni de la actuación de un servicio de orden que velase por los mismos", apunta el escrito sancionador.
