Madrid. PP y PSOE anunciaron ayer, en el límite fijado por el presidente del Congreso, Jesús Posada, el acuerdo para cubrir las vacantes institucionales en el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral. En lo que respecta al Constitucional, tras cuatro años de disputas, finalmente los dos grandes partidos han logrado ponerse de acuerdo para ocupar la plaza que dejó bacante el ya fallecido magistrado Roberto García Calvo, además de pactar los sustitutos de tres magistrados cuyo mandato cumplió en 2010: Eugenio Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera.

Además, Soledad Becerril, (exdiputada del PP, exalcaldesa de Sevilla y exministra de Cultura con UCD) fue elegida como la primera mujer que ostentará el cargo de Defensor del Pueblo, mientras que al frente del Tribunal de Cuentas estará el exdiputado de UCD Ramón Álvarez de Miranda. Andrés Ollero, Juan Antonio González Rivas, Encarnación Roca y Fernando Valdés serán los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Los dos primeros candidatos son una propuesta del PP, y los dos últimos, de los socialistas. El acuerdo había sido hasta ahora imposible, pero la situación comenzó a desbloquearse el mayo pasado tras la reunión que mantuvieron en La Moncloa el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del principal partido de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La renovación se cerró, a falta de un par de nombres, el pasado lunes, y ayer, los dos partidos presentaron los nuevos nombres en el Congreso, apurando el plazo límite que el propio Rajoy se dio para culminar la renovación: antes de que acabase junio. Por su parte, CiU también suscribiría el acuerdo, ya que con Encarnación Roca se cumple una de sus exigencias: que en el Tribunal Constitucional haya un representante catalán. En los últimos días, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, había trasladado personalmente al presidente del Gobierno, al jefe de la oposición, así como a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que no debían dar la espalda a Cataluña en este tema. También el PSC se había sumado a la petición de que haya un magistrado catalán en el Tribunal Constitucional, preferentemente uno de los dos candidatos acordados en su día por el Parlamento catalán, con la convicción de que el PSOE sería receptivo a ello.

El pasado 26 de septiembre de 2008, el Parlament aprobó, con el apoyo de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA y la abstención del PPC, proponer a los catedráticos Encarna Roca y Antoni Rovira como candidatos al TC.