Vitoria. El nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, era uno de los pocos hombres fuertes del equipo de Gobierno de Rajoy que todavía no había dado a conocer su carta de presentación al frente de su cartera. Lo habían hecho antes el ministro de Economía Luis De Guindos, el de Hacienda Cristóbal Montoro, e incluso el de Interior Jorge Fernández Díaz, pero el exalcalde de Madrid se resistía a presentar en sociedad su hoja de ruta en su nuevo cargo. Ayer, durante su primera comparecencia en la comisión de justicia del Congreso, Gallardón rompió ese silencio al que se había abonado desde su nombramiento para anunciar un paquete de reformas que ya ha empezado a generar polémica antes incluso de ser aprobado.
Pese a que muchas de ellas ya formaban parte del programa electoral con el que Mariano Rajoy desembarcó en La Moncloa, el ministro de Justicia confirmó ayer que modificará, entre otras, la Ley del Menor y la del aborto. En el primero de los casos, el cambio sustancial radica en que los menores que cometan delitos "graves" junto a adultos serán juzgados con ellos. En el segundo caso, Gallardón anunció que las menores solo podrán abortar si existe una autorización paterna previa, un requisito modificado por el Gobierno de Zapatero, que autorizó a las mujeres mayores de 16 años a abortar hasta la semana 14 de gestación pero solo tras informar -y no tras pedir permiso- a sus padres.
Sin embargo, aquí no termina la carta de presentación de Gallardón como nuevo ministro de Justicia. Es más, según anunció ayer, también introducirá una tasa obligatoria para que el ciudadano pague los costes de un procedimiento judicial a partir de la segunda instancia, el conocido como copago judicial. La medida se traduce en que, si un ciudadano no está conforme con la respuesta judicial obtenida y quiere recurrir la sentencia, deberá hacer frente a una cuantía económica que solo se le devolvería en caso de que la demanda prospere. Según confirmó ayer el ministro, las personas que no puedan hacer frente a estos costes -que todavía no están fijados- quedarán exentas de pagar estas tasas, aunque deberán acreditar esa falta de recursos cada vez que intervengan a partir de la segunda instancia.
Pese a que en líneas generales estas modificaciones no han gustado al resto de partidos, una de las principales dudas que plantea esta última medida radica en diferenciar entre los que pueden hacer frente a estas tasas y los que no. Más aún en tiempos de dificultades económicas. Por ello, uno de los principales argumentos utilizados por la oposición parlamentaria para desacreditar el copago judicial es que, según entienden, esta medida se reduce a vetar la justicia para las personas con menos recursos, unas acusaciones que Gallardón rechazó de plano al asegurar que su único objetivo es agilizar el sistema y reducir la entrada "innecesaria" de asuntos en los órganos judiciales.
Cadena perpetua revisable En pleno debate sobre el futuro de los presos de ETA, la batería de medidas anunciadas ayer por el ministro también ahonda en la idea de que el Gobierno de Rajoy tiene previsto subir un peldaño el nivel de exigencia que mantiene sobre los reclusos de la organización armada. Un día después de que su homólogo en Interior deslizara que la banda está realizando "movimientos" de reagrupación en el Estado francés, Gallardón anunció ayer una revolucionaria reforma en materia penitenciaria que abre la puerta a la instauración de la pena de prisión permanente revisable. En palabras del ministro, esta medida sería una pena excepcional que se aplicaría en los casos que hubieran causado una gran "alarma social". Es decir, se trataría de una cadena perpetua susceptible de ser revisada y modificada en función del comportamiento del recluso.
Aunque todavía se desconocen las consecuencias que podría generar esta medida en la situación que viven los presos de ETA, Gallardón rescató el discurso más conservador del PP para asegurar también que es partidario de mantener la doctrina Parot, una declaración de intenciones a la que sumó que no habrá amnistías ni salidas colectivas para los reclusos de la organización armada.
En este contexto, el ministro de Justicia recordó a los presos que su única salida para acogerse a los beneficios penitenciarios pasa por solicitarlos de manera individual, pedir perdón a las víctimas y reparar el dolor causado, unos requisitos en los que el Gobierno español será inflexible. "Si alguien está pensando que aquellos que han sembrado el terror van a poder beneficiarse del cese de ETA, se está equivocando", advirtió.
Del mismo modo, el titular de Justicia avisó de que la prisión permanente revisable y la cadena perpetua son dos cuestiones distintas con dos objetivos claramente diferenciados. De hecho, ante la avalancha de críticas recibidas, Gallardón puntualizó que solamente se aplicará "en supuestos muy restrictivos" que "hayan alcanzado el máximo de reprochabilidad social", un matiz, entiende el exalcalde de Madrid, que es totalmente contradictorio con la cadena perpetua, que no es revisable. "El objetivo final de esta medida es evitar que los delincuentes que no estén rehabilitados vuelvan a delinquir. De cadena perpetua, nada", zanjó el ministro.
A falta de concretar los plazos de ejecución de estas medidas, la mayoría absoluta de los populares en el Congreso de los diputados agilizaría la aprobación de todo este paquete de medidas, que también buscaría la reforma en el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como el apoyo del ministerio para que se abra una investigación por la presunta trama de bebés robados, que solamente en Euskadi afectaría a cerca de 600 familias.
