Vitoria. El viaje hacia la normalización política y la desaparición de la amenaza terrorista sigue dando señales de avanzar a velocidad de crucero, y ayer dos de los principales ministros implicados en esta materia -Antonio Camacho, de Interior, y Ramón Jáuregui, de Presidencia- se desplazaron hasta Vitoria para compartir sensaciones y certezas con los mandos de los distintos cuerpos policiales y con la cúpula del propio Gobierno Vasco.

Sobre su cita planeaba la cuestión de los presos, avivada por la adhesión del EPPK al Acuerdo de Gernika, y por la mención que incluyó el lehendakari en la presentación de su plan de paz a la posibilidad de "flexibilizar" la política penitenciaria como contribución a la apertura de "un nuevo tiempo de convivencia y libertad". Un debate avivado además por la secuencia de pronunciamientos de los últimos tiempos por parte de ETA y el MLNV, a la que Jone Goirizelaia sumaba ayer el anuncio de una próxima declaración de la izquierda abertzale en torno a las víctimas "que no dejará frío a nadie" y, preguntada por la organización terrorista, manifestaba su convencimiento de que "al final llegará lo que todo el mundo estamos esperando que llegue". Percepción que el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, parece compartir al prever algún movimiento por parte de ETA antes del 20-N. Así lo declaraba en el mismo programa de ETB que en el que Goirizelaia intervenía minutos después.

El límite es la ley La precampaña lanzada ya hacia las próximas elecciones generales es un factor que sólo el tiempo dirá si está agilizando o entorpeciendo la cocina de este proceso. Al menos parte del PP parece aún dispuesto a jugar esta carta para acabar de laminar la candidatura socialista, conscientes también de que Antonio Basagoiti sigue teniendo las llaves de Ajuria Enea. Como contrapartida, en las filas socialistas se intenta retomar la bandera de la pacificación -que tan buenos réditos electorales dio en el pasado- entre otras cosas para intentar hacer frente a las nefastas encuestas preelectorales. El lehendakari lo hizo con su decálogo de convivencia en el Pleno de Política General.

Ayer, tanto los ministros como el propio Patxi López echaron pie a tierra esforzándose en dejar claro que todos sus pasos se limitarán al cumplimiento estricto de la ley y que no violarán sus límites para contribuir al definitivo adiós de ETA. No habrá contrapartidas, advirtieron. Y los portavoces de la izquierda abertzale tradicional coincidieron en que su determinación es estratégica y no depende de ninguna contrapartida, asegurando que ETA ya ha tomado la decisión de cerrar el "ciclo armado" y que es definitiva. Además, para demostrar que este "viraje del trasatlántico" -como lo definió el propio Otegi- es igualmente irreversible, Jone Goirizelaia anunció que, en breve, este sector dará también unilateralmente pasos en el reconocimiento de las víctimas que "no dejarán frío a nadie".

Pero el Gobierno insiste: no habrá pasos hasta que ETA certifique su disolución y así lo reiteró Jáuregui, que defendió el planteamiento de López, pero aclarando que sus propuestas sólo se activarán "si ETA definitivamente abandona la violencia y nos proporciona la seguridad de que la paz es irreversible", lo que subrayó al definir el plan de paz como "una verdadera hoja de ruta", pero llamada a ser usada en "el futuro".

Ni "acercamiento masivo"... Puestas estas bases, y a pesar de que incluso Camacho reconoció que éste es "un buen momento en el camino hacia la paz", los representantes de ambos gobiernos definieron la lectura que hacen de la "flexibilización de la política penitenciaria".

El ministro del Interior subrayó que "no está previsto ningún acercamiento masivo de presos" a Euskadi y criticó a quienes pretenden "condicionar" la desaparición de ETA a los "pasos" que pueda dar el Gobierno central. "ETA debe cesar definitiva e irreversiblemente en el uso de la violencia" y esta decisión "no tiene que venir condicionada por ningún movimiento por parte del Gobierno", remachó, antes de dejar también la puerta abierta a los pasos que se puedan dar cuando ETA salga de la ecuación al anunciar que, entonces, "el Gobierno y el Parlamento que estén en ese momento decidirán cuáles son las medidas que han de adoptarse".

...Ni amnistía La excarcelación progresiva había vuelto al debate público impulsada por dos reflexiones: la que lanzó el lehendakari José Antonio Ardanza, al recordar que ese punto fue parte de "un acuerdo no escrito" pero aceptado por todos los firmantes de aquel Pacto de Ajuria Enea, y la que añadió el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, al mirar de reojo hacia conflictos como el irlandés y definir la amnistía como algo "normal" al final del camino. Jáuregui respondió a Ardanza que "lo no escrito no existe".

Pero el rechazo más tajante se lo reservó el propio López, que si bien reiteró su apuesta por una política penitenciaria "más flexible que la actual en lo que se refiere al acercamiento", tachó esta propuesta de "anticonstitucional" alegando que cualquier medida destinada a la reinserción de los presos debe ser "individual, no colectiva", antes de acusar a Zabaleta de avivar un debate que, según dejó caer, "en nada ayuda" a avanzar desde el consenso.