Madrid. La reforma de la Constitución que garantizará la estabilidad presupuestaria en todas las administraciones quedó ayer aprobada definitivamente tras ser avalada por el Senado con 233 votos a favor (PP, PSOE y UPN), tres en contra (CC y Foro Asturias) y sin que los nacionalistas participaran en la votación. La modificación del artículo 135 de la Carta Magna salió de la Cámara Alta tal y como llegó ya que el rodillo de socialistas y populares impidió que prosperara alguna de las 23 enmiendas presentadas por las minorías de izquierda o nacionalista.
Lo ocurrido en el Congreso también se repitió en el Senado. Los tres senadores de ERC junto al del BNG se ausentaron del hemiciclo justo antes de la votación, mientras que los nacionalistas de CiU, PNV, así como los dos parlamentarios de ICV (esta formación no repitió comportamiento), permanecieron en sus escaños, pero sin participar en la votación final. Además, al igual que sucediera en la Cámara Baja, ayer tampoco acudieron a la sesión plenaria los senadores socialistas críticos con esta modificación: Imanol Zubero y Roberto Lertxundi.
El debate Las votaciones estuvieron precedidas de un largo debate en el que durante tres horas y media los portavoces de los grupos reiteraron los argumentos a favor y en contra escuchados en el Congreso. Por un lado, PP y PSOE, a quienes se une UPN, exhibieron el consenso político alcanzado para una reforma que no sólo consideran "necesaria y urgente", sino "obligada" por un ejercicio de "responsabilidad".
Tanto Pío García Escudero (PP) como Carmela Silva (PSOE) coincidieron en que la modificación no es antisocial porque "de hecho permitirá tener unas cuentas públicas saneadas que garantizarán la aplicación de futuras políticas sociales". Además, negaron tajantemente que suponga un recorte en el poder autonómico y local o una nueva centralización, acusaciones lanzadas desde los grupos nacionalistas. Además, Silva advirtió que el referéndum podría demorar su eficacia y poner en riesgo la medida.
Con una posición contraria, los grupos nacionalistas recalcaron que la reforma "lesiona la autonomía financiera y política de las comunidades autónomas" y arremetieron contra el "rodillo parlamentario" de socialistas y populares. En nombre de los republicanos de ERC, Miquel Bofill, que intentó expresarse en catalán en la tribuna hasta que fue apercibido por el presidente de la Cámara, Javier Rojo, aseguró que Cataluña queda "marginada" con este cambio e invitó a los catalanes a que "se salten el muro de la Constitución".
Por parte de CiU, Jordi Vilajoana proclamó que la medida no soluciona los problemas de inestabilidad de los mercados, ni recoge las "sensibilidades" del texto original de la Carta Magna, ya que PP y PSOE han reclamado una "adhesión sin condiciones". Vilajoana polemizó con el socialista José Ignacio Pérez Saenz, quien acusó a CiU de haber abandonado el consenso constitucional, a lo cual él ha replicado que ellos no se han ido, sino que "nos han sacado ustedes".
Joseba Zubia, del PNV, apuntó que "se ataca al autogobierno de Euskadi", en tanto que José Manuel Pérez Bouza, del BNG, reprobó a PP y PSOE por haber "banalizado" la Constitución que antes sacralizaban. El senador Joan Saura, de ICV, defendió la necesidad de un referéndum para responder a la demanda ciudadana.
