San Salvador. Organismos de derechos humanos han criticado duramente el fallo favorable a nueve militares salvadoreños procesados en España por la matanza de seis jesuitas -entre ellos Ignacio Ellacuría- y dos empleadas en 1989, por fomentar la impunidad, aunque sectores afines a ellos lo han respaldado por considerar que evita reabrir las heridas de la guerra civil. El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), dijo el jueves que respeta y acata la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que liberó a esos nueve militares -ayer mismo salieron en libertad-, de 20 procesados por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco.

"Soy respetuoso de la independencia de poderes y tenemos que acatar las decisiones de la Corte", señaló escuetamente Funes en una rueda de prensa en la Casa Presidencial. La CSJ resolvió el miércoles que los militares no pueden ser detenidos por ninguna autoridad, lo que les permitió salir de la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador, donde se habían refugiado el pasado 7 de agosto al enterarse de que la Policía se disponía a cumplir una orden de captura internacional emitida por la Interpol.

Ulices Guzmán, uno de los magistrados salvadoreños de la CSJ, explicó a los periodistas que la Corte determinó que técnicamente no hay una petición para detener y extraditar a los militares a España, por lo que "no se puede dar respuesta a una solicitud que no existe". El tribunal estableció que la nota de Interpol "nos permite nada más actuar si existe una orden judicial y, según tengo entendido, no tenemos ninguna solicitud diplomática de extradición que haya sido tramitada a través de la Cancillería", afirmó, por su parte, el presidente Funes.

Pero la lectura fue muy distinta para los organismos defensores de los derechos humanos. El fallo demuestra que con este primer Gobierno de corte izquierdista y que luchó contra esos mismos militares en la guerra civil, "la justicia únicamente ha cambiado de forma, pero sigue siendo la misma, marcada por la impunidad", indicó a Efe el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar.

Agregó, asimismo, que las autoridades salvadoreñas cerraron la puerta a la justicia desde que amnistiaron a varios de los militares implicados en la matanza de los jesuitas. La Ley de Amnistía de 1993 protege a militares e insurgentes que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado (1980-1992). El procurador de la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, señaló que "la resolución es un mensaje muy negativo para la justicia del país y está favoreciendo siempre la impunidad, porque no pretende garantizar los derechos de la víctimas". "El fallo no está acorde a la Constitución, porque ésta faculta a la Corte para conocer expresamente casos de extradición o recursos de hábeas corpus, pero decidir sobre si la nota de Interpol es o no es legal, me parece que no era competencia de la Corte", manifestó.

"Intromisión" El excanciller Oscar Santamaría, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz entre Gobierno y guerrilla en 1992, dijo a medios locales que "lo que ha evitado esta resolución es seguir con la lógica del conflicto", consistente en que "mataban a uno de este lado y mataban a otro del otro lado". Si la CSJ hubiera ordenado detener a los militares, "lo que hubiese ocurrido es que se pidiera un juicio por un lado, otro juicio por el otro lado, y eso hubiese sido la de nunca acabar", aseveró por su parte Santamaría, director de Asuntos Internacionales de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).

"El fallo es una resolución a favor de la convivencia a futuro de los salvadoreños", aseveró el general retirado Mauricio Vargas".