Vitoria. Enclavados en un pleno de siete horas, tres minutos fueron suficientes para destapar la cruda realidad política que en ocasiones impera en los contactos bilaterales a espaldas de la ciudadanía. El ya exdiputado general de Álava, Xabier Agirre, reveló ayer con pelos y señales cuáles han sido los verdaderos objetivos de Ezker Batua en las intensas negociaciones que durante las últimas semanas han llevado a ambos partidos a debatir sobre el destino de los decisivos dos votos que el partido progresista, en su ala madrazista, posee en las Juntas Generales que, finalmente, han ido a parar a la candidata de EB, Nerea Gálvez, dejando la Diputación alavesa en manos del PP durante los próximos cuatro años.
La "desvergüenza política" tiene nombres y cifras: colocar a 39 militantes o afines de Ezker Batua en organismos o destinos públicos, facilitar la consecución de un crédito de 600.000 euros, la incorporación de José Navas, hasta esta legislatura portavoz del partido en el Ayuntamiento de Vitoria, en el consejo de administración de Caja Vital, el nombramiento de tres asesores y luz verde a una vía de subvenciones cifrada en 300.000 euros para que EB determinase su destino. Todo ello sobre dos mesas de negociación distintas y tres interlocutores procedentes del partido progresista, "amén de algún expontáneo que también se preocupaba por lo suyo".
Agirre no dejó pelos en la gatera. Ni uno. Incluso detalló que la búsqueda de destinos profesionales para la gente ligada a EB debía hacerse, según las demandas presentadas por este partido, en cuatro fases diferenciadas. El primer plazo comenzaba este mes y finalizaba en diciembre, un periodo en el que 12 militantes debían encontrar nuevos quehaceres profesionales. A lo largo del próximo ejercicio, la operación debía repetirse para otras nueve personas, idéntico número a la exigencia explicitada por EB para 2013 y otro tanto en el siguiente ejercicio. En total, 39 puestos de trabajo.
Y Agirre siguió. Nombres propios de la cúpula del partido salieron de la boca del dirigente jeltzale para colocarlos "de manera cualificada y disfrazándolo con algún proceso de selección": Julia Madrazo, exportavoz de EB en el Ayuntamiento de Bilbao; Jon Sustatxa, exedil en el mismo Consistorio; y, por último, Serafín Llamas, portavoz de la Presidencia de EB. Aún hubo más. Los destinos, sin concretar sus aspirantes: Fundación Elkargintza, Obra Social de la BBK y el Teatro Campos.
El silencio de los 50 procuradores se apoderó del salón de plenos. Agirre no ahorró epitetos y consejos. "Empiecen por su casa", contestó a la aspirante Gálvez después sus críticas al PNV y de que hubiera iniciado su intervención vespertina alegando con rotundidad que no se había negociado "ningún plan B" ajeno a los postulados programáticos que la portavoz negociadora de este partido se encargó de comunicar a los medios el pasado martes.
El origen de la abrupta ruptura de la negociación se comenzó a fraguar tres días antes. El viernes, día 1, ambas delegaciones se reunieron en un nuevo encuentro con los respectivos deberes encauzados. Las propuestas, hechas públicas el miércoles desde el ABB, detallaban un listado de modificaciones, en su mayoría ligadas a la fiscalidad -recuperación del Impuesto de Patrimonio y revisión de los tramos del IRPF para gravar más a las rentas más altas, como pilares básicos- y con la versión jeltzale de que EB había optado por retirar de la mesa aspectos como la Ley Electoral y la modificación del Impuesto de Sociedades; en concreto, en todo lo que hacia referencia al tipo impositivo de este gravamen para las empresas.
cambio radical Fuentes jeltzales revelaron a este periódico que el pacto estaba fraguado en un "80%". Xabier Agirre, quien ha participado directamente en las negociaciones, veía más cerca su reelección tras las concesiones programáticas. Era viernes, día 1. El encuentro del lunes estaba previsto desde la cúpula jeltzale para rematar las discrepancias pendientes, pero los interlocutores del PNV acudieron a la cita con una nuevo documento "de máximos e inaceptable", según calificó el texto el líder jeltzale en Álava, Iñaki Gerenabarrena. La Ley Electoral volvía a ser una condición sine qua non para firmar el acuerdo, así como una modificación al alza del tipo del Impuesto de Sociedades. El PNV no accedió y sumó este rechazo al que manifestó demanda no programática lanzada desde las filas del partido progresista.
La situación parecía no tener vuelta atrás. Tras la reunión del lunes, Gerenabarrena contacta con el coordinador general y único parlamentario vasco de su partido, Mikel Arana, y le entrega la oferta redactada por sus propios compañeros de EB que, según ha podido saber este periódico, desconocía. El dato no es baladí y supone una muestra más de los extremos que alcanza la fragmentación que padece esta formación, con un sector alineado con el exlíder Javier Madrazo -mayoritario en el territorio alavés- y los fieles a la línea defendida por Arana.
El coordinador general se compromete a intentar una salida para reencauzar las negociaciones al rechazar que los votos de su partido puedan propiciar un Gobierno de derechas en Álava. Es tarde. La maquinaria interna se inclina por forzar un referéndum entre sus bases territoriales que, como era previsible vista la tendencia mayoritaria en el territorio, opta por emprender la vía diferente a la propugnada por la dirección vasca.
El fracaso de esta tentativa tomó forma ayer. Las dos junteras votaron su propia candidatura y el resultado dejó la Diputación en manos de Javier de Andrés, quien gracias a esta abstención, los 16 procuradores del PP y el apoyo de PSE superó con 25 votos a los 24 que obtuvo la candidatura de Agirre votada por PNV y Bildu.
