madrid. El Congreso y el Senado dieron ayer los primeros pasos para suprimir los privilegios en el régimen de pensiones de diputados y senadores, reducir al máximo los casos en que se les autorizan actividades privadas y abordar una reforma legal urgente que permita dar publicidad a sus bienes patrimoniales.

Las propuestas concretas fueron planteadas por el presidente del Congreso, José Bono, y el del Senado, Javier Rojo, en una reunión de las Mesas Conjuntas de ambas Cámaras, y las trasladaron a los grupos parlamentarios, que en principio las vieron con buenos ojos, aunque alguno abogó incluso por medidas más duras. El resultado más palpable de estos cambios será que a partir de septiembre los ciudadanos podrán conocer en las web oficiales de las dos cámaras legislativas con qué bienes y renta cuentan los diputados y senadores.

Para dar publicidad al patrimonio de los parlamentarios resulta necesario modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG), tarea que Bono y Rojo quieren emprender de forma "exprés", con trámite de lectura única, a partir de una proposición de ley que firmarían todos los grupos parlamentarios.

Para lo que no habrá reforma legal es para reforzar el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios. Bono y Rojo concluyeron que no es preciso cambiar la LOREG, que ya obliga a su "dedicación absoluta", pero instan a las comisiones que estudian la autorización de actividades compatibles a aplicar una "nueva doctrina".

Lo que pretenden es que la ley se aplique de forma más rigurosa, evitando resoluciones genéricas y motivando cada caso y, sobre todo, cambiando el actual "estatus" según el cual "las excepciones han perdido su naturaleza para transformarse en una suerte de regla general no querida originariamente por el legislador", afirman.

Están de acuerdo los grupos con esta medida, pero el portavoz de ERC, Joan Ridao, pide incluso ir más allá y modificar la ley para garantizar esa dedicación absoluta.

El tercer apartado de la propuesta se refiere al régimen de pensiones parlamentarias, unas medidas de orden interno que no exigen cambios legislativos y que los presidentes quieren aplicar de forma inmediata, aunque respetando los derechos ya adquiridos. Así que plantearon la supresión de complementos de pensiones, indemnizaciones y ayudas que se han tachado de privilegios.

Ya no van a percibir el complemento que se estableció para cubrir a diputados de las primeras legislaturas que sufrieron exilio y no pudieron cotizar. Tampoco podrán cobrar los exdiputados y exsenadores la indemnización mensual por cese si tienen trabajo, perciben honorarios o cobran una pensión.

Igualmente desaparecen las prestaciones por fallecimiento para cónyuges o hijos menores de 25 años y otras ayudas extraordinarias que sólo se concederán si así lo acuerda una mayoría de tres quintos de los miembros de las Mesas.