vitoria. El 28 de junio de 2009, cuatro comandos de élite del Ejército hondureño allanaron la residencia presidencial, detuvieron al presidente constitucional Manuel Zelaya y se lo llevaron a la base de la Fuerza Aérea. En pocas horas, Zelaya era expulsado a Costa Rica. Así comenzó un golpe de Estado condenado por la comunidad internacional y que llevó a sucesos dramáticos que perduran aún hoy en día. Más de cien muertos y un pueblo enfrentado entre quienes exigían la vuelta de su presidente, elegido democráticamente, y quienes respaldaban a las nuevas autoridades de facto, lideradas por el presidente del Parlamento Roberto Micheletti. La excusa para perpetrar el golpe fue unas supuestas ansias reeleccionistas de Zelaya, que había convocado para ese día una "consulta popular" que preguntaría al pueblo su disposición a una reforma de la Constitución.

En caso de una respuesta positiva, el presidente electo tenía la intención de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en noviembre, el mismo día que se celebraran nuevas elecciones en el país. Los golpistas argumentaron el temor a una supuesta intención de Zelaya de perpetuarse en el poder, sin embargo, sus seguidores rebaten estos argumentos señalando que en caso de haber salido adelante los planes de su presidente, nunca podía haber sido reelegido en las elecciones de noviembre al no haberse efectuado aún los cambios en la Constitución. Los críticos del golpe señalan, asimismo, que detrás se esconde la eterna lucha de clases.

Ahora es el Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado en Honduras, liderado por el que fuera asesor de Zelaya, Rasel Tomé, quien ha tomado el relevo y trata de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente que elimine las desigualdades que existen en el país. El Frente no reconoce a las nuevas autoridades, encabezadas por el presidente Porfirio Lobo, elegido el 29 de noviembre en unos comicios realizados bajo el gobierno de facto de Micheletti. Honduras sigue aislada de la comunidad internacional un año después del golpe, la inseguridad ha aumentado y los organismos internacionales ven con preocupación el asesinato de periodistas en el país, nueve en lo que va de año. Ninguno de esos crímenes ha sido resuelto.

Ante este panorama, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó este año, por primera vez, a Honduras en la lista negra de países en los que se violan los derechos humanos. Mientras, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha creado una comisión que evaluará la reincorporación del país centroamericano al organismo regional, una medida apoyada por Estados Unidos.