EL pasado lunes le escribí a Juan Mari Torrealdai. Le decía que la sentencia me había dejado una doble sensación, de alegría por el final del calvario que tan injustamente han sufrido él y todos sus compañeros de Egunkaria, y no únicamente los cinco que han llegado al último juicio. Y junto a esa alegría, una sensación de tristeza y, por qué no decirlo, de hastío y enojo. Enojo porque primero se les condenó socialmente y ahora, siete años después, se les declara inocentes.
La Audiencia Nacional ha fallado que se trató de una actuación inconstitucional, irregular, sin base legal, en la que se conculcaron derechos fundamentales, además de existir indicios de malos tratos a los detenidos, aún por resolver y clarificar. Quienes tratan de ocultar su responsabilidad afirmando que la justicia ha funcionado se olvidan de que una Justicia tardía no es justicia y se olvidan de que hay nada más y nada menos que un caso de torturas por esclarecer.
Pese a la rectitud de la sentencia, el "proceso Egunkaria", pese a lo que sostienen populares y socialistas, es la demostración palmaria de los males que aquejan al sistema judicial español y de los límites de la democracia española. El cierre de Euskaldunon Egunkaria es un monumento a la sinrazón.
Euskaldunon Egunkaria se clausuró sobre la base de una simple orden de registro, soportada en una delirante tesis de la Guardia Civil -todo el mundo del euskera es ETA-, dentro de una actuación absolutamente irregular, surgida del impulso político del Gobierno de Aznar, promovida desde el PP, con el silencio cómplice del PSOE -salvo honrosas excepciones-. Su director, Martxelo Otamendi, creo que ha sido suficientemente elocuente.
Fue un gravísimo atentado a la libertad de expresión e información, realizado sin ningún tipo de base jurídica o legal. El daño causado a personas, bienes y a todo un medio de comunicación ha sido irreparable. No hacían falta siete años para ver la injusticia, para exigir la reapertura del diario, para pedir el Habeas corpus para Pello Zubiria o para exigir que se aclararan las denuncias de malos tratos.
El título de este artículo lo he copiado del artículo de opinión que Miren Azkarate, entonces Consejera de Cultura, publicó en varios rotativos vascos tres días después de la clausura de Euskaldunon Egunkaria. No me resisto a reproducirlo, sin cambiar ni una coma.
"Con los dos autos judiciales y las declaraciones que rodean al caso Euskaldunon Egunkaria, los distintos poderes del Estado están incurriendo en graves riesgos. Riesgos de que se esté actuando desde prejuicios derivados de un ámbito extrajudicial y se esté prejuzgando no ya a personas, sino a una entidad, desde la presunción de culpabilidad y a través de ella, a una cultura y a un país.
Riesgo de que se estén perjudicando gravemente tanto un esfuerzo colectivo por la normalización lingüística, un diario en lengua vasca, como el propio derecho a la libertad de prensa, generando un agravio y unas consecuencias imprevisibles.
Riesgo de que se éste poniendo en marcha un proceso judicial tan contaminado que, al final, sea la Justicia la juzgada, con grave fractura de la confianza en el Estado de Derecho. La argumentación del Gobierno Español para este caso (defender la cultura vasca del terrorismo) es tan incoherente como la del caso Prestige (salvar la costa) o el del apoyo a la guerra contra Irak (la seguridad en el mundo) y está fuera de cualquier atisbo elemental de prudencia política.
Es sabido que la apertura de procesos judiciales tiene sus condiciones indiciarias, procedimentales, garantistas?.para asegurar la independencia y ecuanimidad de la justicia, la adecuación a la gravedad del caso y, al final, la proporcionalidad de la pena. Todo ello exige que el imaginario de los jueces sea sólo el del Derecho.
Se plantearía un problema grave si, por alguna causa, esas garantías y procedimientos, en la raíz del propio sistema democrático, se obviasen en aras de un determinado modo de entender la política antiterrorista, de tal modo que la justicia fuera un simple eslabón de la misma. Sería aún más grave si la sospecha vence a la presunción de inocencia y se acaba instaurando, allá donde debe primar el imaginario del Derecho, un imaginario popular, ya introducido en algunas capas de la sociedad española, de que todo lo vasco es sospechoso de connivencia con ETA, mientras no se demuestre explícitamente lo contrario.
Si la Justicia se contaminara de esos dos imaginarios habría perdido su función y su credibilidad. No se está incoando solo un procedimiento a personas a la espera de procesamiento, sino mediante el cierre ya se ha juzgado como presuntamente culpable a una entidad desde el pre-juicio, a pesar de que en la propia filosofía política en los países democráticos se requerirían pruebas muy contundentes para siquiera tocar a la prensa que simboliza la libertad misma.
Una suspensión cautelar de la edición a la espera de un juicio nunca acabado, podría suponer una grave limitación del derecho de información de una corriente social y el hundimiento económico de una empresa, sin posibilidad de reparar tal perjuicio. De ocurrir esto, en el caso de Euskaldunon Egunkaria, se asumiría la responsabilidad suplementaria de suspender la edición del único diario en euskera.
Quizás ni la Audiencia ni el Gobierno Aznar han medido la dimensión de una decisión de claro origen político. El sentimiento colectivo es de agravio, de enfado general, de reacción colectiva y de decisión colectiva de ver en la calle un periódico integral en euskera.
Lo que es seguro es que, guste o no guste, la sociedad vasca seguirá trabajando para que haya un diario en euskera y a buen seguro que lo habrá." Puedo decir, con honor, que el Gobierno Vasco, y yo mismo como Lehendakari, denunciamos la actuación desde primer momento y apoyamos a los que sufrían aquella injusticia y lo hemos seguido haciendo durante los siete años que ha durado el largo calvario.
Recuerdo, perfectamente, la reunión que mantuvimos aquella mañana del 20 de febrero de 2003 en la oficina del Gobierno en el Parlamento, el Portavoz del Gobierno, Josu Jon Imaz, la Consejera de Cultura, Miren Azkarate y yo mismo. Desde el primer momento, y junto a la valoración de la extrema gravedad de la actuación contra el diario, vimos claro que estaba en marcha otra jugada igual de malvada: Desde el aparato policial y judicial se liga falsamente a Euskaldunon Egunkaria con ETA; el Partido Popular pide explicación de las ayudas oficiales del Gobierno Vasco al único diario que entonces se publicaba en euskera; y por lo tanto, se liga al Gobierno Vasco con ETA. "Todo es ETA, incluidas las instituciones vascas".
No puedo dejar de recordar la figura de Martín Ugalde, prohombre de la cultura y de la política en Euskadi, miembro del Gobierno Vasco en el exilio y trabajador incansable por la lengua y cultura vascas; y en su persona vindico a todos los que sufrieron aquella injusticia. Enfermo y sin posibilidad de defensa, Martín Ugalde fue imputado y murió con sus cuentas embargadas, por el "delito" de haber promovido un diario en euskera. Por suerte no fue consciente de lo que le habían hecho.
En esta ocasión no estuvieron de por medio los grupos para-gubernamentales (Foro Ermua, Dignidad y Justicia, Manos Limpias? ) que se idearon en la "era Aznar" para llevar a los tribunales cualquier asunto que incomodara al poder. Es decir, para judicializar la política o intentar alcanzar los mismos objetivos por otros medios diferentes a la democracia parlamentaria, por caminos distintos al debate político. En esta ocasión estuvo de por medio la Guardia Civil, que es lo mismo que decir que el "caso Egunkaria" lo impulsó el Poder Ejecutivo, con la colaboración de un juez que, sin la más elemental valoración de las pruebas, siguió adelante con el guión que otros escribieron. Tienen razón las víctimas del "caso Egunkaria" cuando nos dicen que estemos alerta? Tenemos la memoria cargada de casos como éste y la retina cansada de ver cómo se reproducen.
