Madrid. El Estado no quiere dejar ningún resquicio por el que en las próximas elecciones municipales y forales se pueda colar una candidatura de la izquierda abertzale histórica. Ayer, en el marco de un desayuno informativo, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció que el Ministerio Público ha sugerido la posibilidad de establecer por ley que, además de listas, se puedan impugnar "candidaturas aisladas" en el caso de que en un partido que en su conjunto sea "legal" y "democrático", y no pudiera ser impugnado, "se incrustase alguna candidatura fraudulenta". Conde-Pumpido recordó que la ley no permite "expresamente" impugnar candidaturas aisladas, aunque el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional lo han admitido. El fiscal general defendió su conveniencia en casos como el de ANV, que se presentó como "un partido político durmiente" que no pudo ser ilegalizado porque "el periodo de ilegalización es muy largo" y se mostró necesario "impugnar candidaturas aisladas". Recordó que las medidas legislativas corresponden al Gobierno, pero aseguró que desde la Fiscalía se están realizando propuestas en relación con los problemas que se han ido apreciando a lo largo de estos años. Así, además de la posibilidad de impugnar candidaturas aisladas, defendió la ampliación del plazo de impugnación hasta el propio periodo de campaña o la retirada del escaño a aquellos electos que no se separen expresamente de las causas que lleven a la ilegalización de su partido. Estas dos últimas medidas se incluyen en el informe que recientemente aprobó el Consejo de Ministros, en el marco de su proyecto para reformar la legislación electoral. En la misma conferencia, Conde-Pumpido, se mostró partidario de que la ley ponga fin a las "fiscalías paralelas" que defienden "intereses espurios" que ponen en jaque a la Justicia con "querellas mediáticas" que trasladan a la Administración "problemas que, o no existen, o no tienen como cauce adecuado de resolución el sistema de justicia penal sino que deben ser resueltas en el foro político o en otras instancias sociales". Precisamente eso es lo que ha ocurrido en el recientemente sentenciado caso Egunkaria con las asociaciones AVT y Dignidad y Justicia. Conde-Pumpido defendió que es el Ministerio Fiscal al que la Constitución encomienda la defensa y la promoción del interés general ante los tribunales, y apuntó que no es "casualidad" que en la mayoría de los países del entorno detente el ejercicio de la acción penal.
