BARCELONA. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, que podría dictarse hoy o mañana, condicionará el futuro desarrollo de esta ley, ya que puede alterar una gran parte de las 41 leyes hasta ahora aprobadas por el Parlament en aplicación del texto, en vigor desde agosto de 2006.
Más de tres años y medio después de los recursos del PP, del Defensor del Pueblo y de cinco comunidades autónomas a esta ley orgánica, la presidenta del TC, María Emilia Casas, ha convocado hoy una reunión del pleno en la que la cuestión del Estatut figura en el orden del día, en una sesión que puede prolongarse mañana.
Aunque buena parte de las leyes aprobadas por el Parlamento catalán no presentan aspectos polémicos, la interpretación que haga el Constitucional puede alterar de alguna forma estas leyes derivadas del texto que refrendó Cataluña en 2006, así como otros 20 proyectos de ley que están en trámite en la cámara catalana.
Una de las leyes que puede verse afectada es la de Educación, que esquiva el decreto estatal que fija un mínimo de tres horas semanales de castellano en los centros escolares y que blinda la inmersión lingüística en las aulas.
También están en juego leyes de calado como la del Síndic de Greuges (equivalente al Defensor del Pueblo) ya que el Estatut le atribuye unas competencias que llevaron al Defensor del Pueblo a acudir al TC por temor a ver limitada su influencia en Cataluña.
En la misma situación están leyes como la de Consultas Populares por Vía de Referéndum, la de fosas comunes, la del Consejo de Garantías Estatutarias o la del derecho a la vivienda en Cataluña, que prevé el alquiler forzoso de pisos desocupados.
La financiación es el punto recurrido más importante del Estatut que está en vigor, ya que Gobierno y Generalitat pactaron en julio de 2009 el nuevo sistema, que sitúa por primera vez a Cataluña por encima de la media española.
El Estatut también ha permitido incrementar los tributos cedidos a Cataluña al pasar a gestionar el 50% del IVA y del IRPF y el 58% de los impuestos especiales, aunque está pendiente conformarse un consorcio entre la agencia tributaria española y la catalana.
También está amenazada la polémica disposición adicional tercera, que compromete al Estado a invertir en Cataluña durante siete años en proporción a su aportación al PIB, es decir, el 18,8%, lo que comportaría más de 30.000 millones de euros hasta 2013.
El gobierno catalán entiende que ha desplegado una buena parte de las previsiones del Estatut que dependen de su ámbito, pero se queja de la lentitud en la aplicación de la parte que depende del Estado.
Sin embargo, Cataluña sigue sin ser capaz de aprobar una ley electoral catalana propia, un aspecto que estaba por desplegar del anterior Estatut y que continúa en el aire con el actual.
La descentralización del Consejo General del Poder Judicial, que requiere de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la participación de la Generalitat en organismos estatales son dos de las muchos aspectos aún pendientes que dependen del Congreso.
Y es que el Estatut prevé que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea "última instancia jurisdiccional" y que la Generalitat designe o participe en la nominación de miembros del Banco de España y de las comisiones del Mercado de Valores y de Telecomunicaciones.
Igual pasa con el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, el de Radio y Televisión, la Agencia Tributaria, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia Española de Protección de Datos.
Pero la incidencia de la sentencia del TC no acaba aquí, puesto que una veintena de proyectos de ley esperan salir adelante en el Parlamento catalán antes de que acabe la legislatura.
Es el caso del proyecto de ley de veguerías en sustitución de las cuatro diputaciones actuales; del proyecto ley del cine, que obliga a distribuir el 50% de las películas dobladas al catalán, o la ley de acogida de los inmigrantes, que prevé la expedición de certificados que acrediten conocimientos básicos de catalán.
