madrid. Las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña y Baleares formalizaron ayer ante el Tribunal Supremo su querella por prevaricación contra el magistrado de este órgano, Luciano Varela, y contra el presidente de la sala de lo penal, Juan Saavedra. A Varela le acusan de enjuiciar a Baltasar Garzón por sus investigaciones sobre desaparecidos en el franquismo "a sabiendas" de que las decisiones adoptadas por el titular del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, "son sostenibles y jurídicamente aceptables". A Saavedra, para quien aprecian el mismo delito, le incluyen en la querella por ser el presidente de la sala que hasta ahora ha rechazado todos los recursos presentados por Garzón para evitar que le sienten en el banquillo de los acusados.

El representante de la Asociación para la Recuperación de la memoria histórica de Cataluña, Manuel Perona, expuso que la querella presentada también se basa en que la causa abierta por Garzón es por detenciones ilegales y desapariciones forzadas, es decir, delitos de lesa humanidad que, en teoría y pese a la Ley de Amnistía de 1977, no prescriben. "Éstas representan las más graves violaciones contra los derechos humanos, que son crímenes contra la humanidad que no prescriben por ninguna ley", subrayó Perona. También destacó que si se abre una causa contra Garzón por tratar de investigar los crímenes del franquismo "ningún otro magistrado lo hará en el futuro y los efectos para las víctimas serán el desamparo permanente, primeramente por el franquismo y ahora dejándolos fuera del amparo de la Ley por la democracia". Aseguró que los efectos "pueden ser irreparables jurídicamente" y que la causa "puede quedar imposibilitada para siempre".

perplejidad El portavoz de la entidad catalana explicó que "una vez más" asisten "perplejos" a la negativa de los poderes públicos a "investigar aquellos crímenes y dar cumplimiento a las legítimas y legales demandas de verdad, justicia y reparación demandadas por las víctimas del fascismo y sus asociados". Perona lamentó que los jueces hayan tenido en cuenta las acusaciones de un "pseudosindicato de extrema derecha" y una "organización como Falange Española, representantes ideológicos de los que perpetraron la mayoría de los crímenes cometidos durante aquellos años".