Editorial

Opacidad y dudas razonables

15.08.2021 | 01:52

La oscura devolución a Marruecos de cientos de menores que se encontraban en Ceuta desde hace tres meses ofrece dudas sobre su legalidad, humanidad y garantía de respeto a sus derechos

Cuando aún no se han apagado los dramáticos ecos de la muerte del joven Abdoulaye, ahogado cuando intentaba cruzar a nado el Bidasoa y cuyo cadáver espera aún su repatriación a Guinea, y con las primeras consecuencias de la crisis humanitaria que se prevé por la huida de miles de personas de Afganistán, la devolución a Marruecos de cerca de 800 menores que permanecían en Ceuta por orden del Gobierno español ha conmocionado a la opinión pública y ha generado estupefacción e irritación pero sobre todo grandes dudas sobre la legalidad de la decisión. En realidad, todo lo sucedido desde la masiva llegada a Ceuta el 17 de mayo de unos 10.000 migrantes –la mayoría marroquíes–, entre los que habría entre 2.000 y 3.000 niños no acompañados ha constituido un verdadero despropósito humanitario y de gestión. Durante estos tres meses, centenares de menores que no fueron devueltos en caliente –en lo que podría ser la primera irregularidad– o deambulando por las calles de la ciudad han permanecido en barracones o naves sin las debidas condiciones. Su repatriación, expulsión o devolución –ahora en frío– forzosa a Marruecos se ha realizado por sorpresa, sin transparencia ni información o comunicación previa a las ONG que trabajan con los menores. Tanto las organizaciones humanitarias como el Defensor del Pueblo e incluso el propio Ministerio de Derechos Sociales consideran que esta operación ordenada por el Ministerio del Interior que dirige el exmagistrado Fernando Grande-Marlaska imcumple la legalidad y vulnera los derechos de los niños extranjeros, que por ley deben ser escuchados para el cumplimiento de su voluntad y muchos de los cuales han reportado violencia física, abusos y malos tratos en su país de origen, incluso por parte de familiares. De hecho, la Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Lo de menos ahora –con ser grave– es la nueva brecha que se ha abierto entre los socios del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE y Podemos) por este asunto y la situación en la que queda Marlaska. Un Gobierno democrático no puede actuar de manera opaca y sin el más escrupuloso respeto a los derechos y garantías que protegen a menores especialmente vulnerables. Urge, por tanto, una explicación clara y precisa, avalada por los datos y documentos del procedimiento emprendido, sobre unos hechos bajo seria sospecha de ilegalidad.

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