Las obras y la posterior puesta en marcha del Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) en las instalaciones de la antigua Residencia Arana han centrado parte de la comisión de Políticas Sociales y Juventud, Igualdad y Convivencia celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En el transcurso de la sesión, el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha reconocido que “la gestión del impacto dependerá de una coordinación eficaz entre las distintas administraciones y del refuerzo de los recursos sociales locales”.
En este sentido, Royero ha señalado que la llegada de personas solicitantes de protección internacional a este centro “va a suponer una nueva realidad para todos los servicios públicos, incluidos los servicios sociales municipales una vez finalicen su estancia en el centro, pese a que la primera acogida sea asumida por el Estado”. Como consecuencia, advierte que, tras su salida, “es previsible un incremento en la demanda de los servicios municipales, especialmente en lo relativo a orientación social, acompañamiento y atención primaria en situaciones de vulnerabilidad, entre otros ámbitos”.
En palabras del concejal, una gestión eficaz dependerá “en gran medida de una coordinación estrecha entre las distintas administraciones, orientada tanto al respeto de los marcos competenciales como a la optimización de los recursos existentes y a la creación de nuevos dispositivos sociales y circuitos coordinados de derivación y acompañamiento”.
"Una cortina de humo"
Por su parte, la portavoz del PP, Marta Alaña, ha reiterado su rechazo al proyecto al asegurar que “hemos estado en contra de manera tajante desde el primer momento porque no creemos que sea el modelo adecuado y se trata de un centro excesivamente grande para nuestra ciudad”. Además, califica la cifra inicial de 200 plazas como “una cortina de humo”. “Está previsto con 350 plazas y así se está construyendo. A nuestro juicio, es un centro sobredimensionado para Vitoria-Gasteiz. Se va a abrir y la saturación de los servicios es evidente, por lo que será necesario reforzar los servicios sociales”, ha afirmado. “Estamos creando una tormenta social en la ciudad y no es creíble que se esté preparando el sistema cuando ya no da abasto con las necesidades actuales”, ha añadido.
Defensa del modelo vasco de acogida
No obstante, Royero subraya que ha “reiterado” su posición crítica respecto a la puesta en marcha del plan de acogida “en los términos actualmente planteados”, una postura que, según indicó, ha sido trasladada en distintos debates institucionales. “Insisto en la necesidad de reforzar el modelo de integración de las personas acogidas y defiendo el impulso del modelo vasco de acogida, que permita garantizar una integración cívica adecuada”, apuntó. “El modelo vasco es solidario y humanista, y está pensado para afrontar uno de los grandes desafíos del siglo XXI, como son los flujos migratorios. Se trata de un reto que debe abordarse desde la integración social, sin perder de vista que hablamos de seres humanos”, ha zanjado el concejal.
En este sentido, puso en valor la colaboración con el Gobierno vasco y con distintas entidades sociales, y ha recordado que la presencia de personas demandantes de protección internacional en Vitoria-Gasteiz “no es nueva”, ya que existe una mesa local de protección internacional. “La clave es acoger bien, con todos los derechos y obligaciones”, ha finalizado.
