Editorial

Víctimas de primera

27.06.2021 | 00:39

El histórico acto de ayer de reconocimiento y homenaje a los damnificados por abusos policiales salda una deuda con quienes han sufrido graves vulneraciones de los derechos humanos

Los estremecedores testimonios que pudieron escucharse ayer en el Euskalduna Jauregia durante el histórico acto de reconocimiento y homenaje institucional a más de una treintena de víctimas de abusos policiales, similares a los más de medio centenar de expedientes recogidos por la comisión de valoración creada por el Gobierno Vasco así como a los relatos de algunos damnificados publicados en estas páginas en los últimos días, constituyen la prueba fehaciente de una verdad oculta, silenciada y reprimida durante décadas. Una verdad que habla de una flagrante violación de los derechos humanos, de una violencia injusta perpetrada y silenciada, además, por funcionarios del Estado, lo que añade aún mayor gravedad a los hechos. El acto de ayer, que coincidía con el Día Internacional de las Víctimas de la Tortura instaurado por la ONU, se ha convertido en el primero que tiene lugar como reconocimiento desde las instituciones públicas a personas que han sufrido abusos, torturas y malos tratos policiales tras la investigación realizada por la Comisión de Valoración, que ha constatado, de momento, 35 casos. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, lo admitió abiertamente y señaló que son víctimas de una "violencia injusta". Los testimonios de los afectados y el estudio de estos casos revela que la mayor parte de ellos fueron torturas que además pueden calificarse de "graves" y tuvieron lugar siguiendo un "cierto patrón de actuación". De ahí que sorprenda especialmente la absoluta impunidad en la que se han sumergido hechos tan graves, con la complicidad de cuerpos policiales, la judicatura y la Fiscalía. De ahí que tanto el reconocimiento oficial como víctimas que les fue entregado ayer por el Gobierno Vasco como el propio acto de homenaje vayan más allá de lo meramente simbólico y supongan un paso más hacia una justicia que se les ha negado. Los damnificados por estas actuaciones ilegítimas e inhumanas son "víctimas de primera", como señaló la consejera, y su visibilización y reconocimiento, una obligación ética y moral para las instituciones. De momento, solo el Gobierno Vasco ha dado impulso al final de este silencio impuesto que revictimiza a quienes han sufrido estas vulneraciones de derechos. Es hora de que el Estado, más temprano que tarde, haga lo propio.

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