Editorial

Verdad, justicia y reparación limitadas

25.03.2021 | 00:18

La nula colaboración en casos como los de Mikel Zabalza y ‘Naparra’ siguen dejando en evidencia la utilización política de los principios que asisten a las víctimas y su negación mezquina

En el Día Internacional del Derecho a la Verdad –que se celebraba ayer–, el Congreso de los Diputados fue incapaz de apoyar la moción del Grupo Vasco (PNV) que reclamaba instar a la reapertura de la investigación sobre la muerte, en 1985, de Mikel Zabalza tras su arresto en el cuartel de Intxaurrondo y que rechazará hoy. Las intervenciones de los portavoces del Partido Popular, Ciudadanos y Vox acreditaron la nula voluntad de hacer suyo el compromiso de proteger los derechos de las víctimas de la violencia con independencia del color de la misma. Junto a ello, la trémula actitud del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto propicia que los principios de verdad, justicia y reparación se reduzcan a un mero mantra cuya aplicación universal brilla por su ausencia. Nadie va a minorizar el derecho de las víctimas de ETA o los Comandos Autónomos Anticapitalistas, a los que pertenecía el desaparecido en 1980 José Miguel Etxeberria Naparra, al público reconocimiento de su dolor y la reparación de la injusticia sufrida por el hecho de que casos como el de Zabalza o Naparra reciban la debida luz. La manipulación emocional que la derecha española practica con la ciudadanía del Estado, ocultando su nula voluntad de colaborar con el ejercicio de la justicia tras el presunto daño a las víctimas del terrorismo, no es sino la pretensión de seguir diferenciando el muro de sufrimiento en función de los objetivos de sus asesinos. Esa estrategia, éticamente reprobable, es la materialización práctica de la convicción de que el fin justifica los medios. La misma lógica de los asesinos de cualquier signo. Ni las familias de Naparra y Zabalza reciben amparo a su derecho a la verdad ni este principio de resarcimiento consigue superar el mero utilitarismo político de quien lo esgrime en una sola dirección. Nadie debe cuestionar –si alguien tiene la tentación– que las víctimas de la violencia terrorista están asistidas por ese derecho y quienes tienen la posibilidad de esclarecer las decenas de muertes aún no resueltas de la violencia de ETA tienen la responsabilidad moral de colaborar en ello. Pero quien enarbola políticamente los principios de verdad, justicia y reparación restringiéndolos a sus intereses políticos, como ayer ocurrió en el Congreso al negarlos a otros, los manchan con su actitud mezquina.