l anuncio por el Gobierno británico del desarrollo de la Ley de Mercado Interior, que conllevaría la anulación de partes del acuerdo de retirada alcanzado por Gran Bretaña y la Unión Europea el 17 de octubre de 2019 y en vigor desde el 1 de febrero de este año, entre ellas la esencial del protocolo sobre Irlanda del Norte, va incluso más allá de volver a situar el proceso del brexit donde se hallaba hace un año, cuando Boris Johnson, tras forzar la renuncia de Theresa May, heredó la negociación con Bruselas. Como entonces afirmó Michel Barnier, encargado por la Comisión Europea de las conversaciones con Londres, el acuerdo de retirada “crea seguridad jurídica allí donde el brexit generaba incertidumbre” y cuestionarlo ahora, al de ocho meses de su entrada en vigor y a poco más de tres del final del periodo transitorio que dicho acuerdo marca para el 31 de diciembre de este año -Londres no ha utilizado la potestad de ampliarlo que tenía hasta el 1 de julio- dibuja un futuro mucho más incierto del que Johnson presentó cuando finalmente logró que lo aprobara el Parlamento británico que había rechazado las propuestas de May. La modificación unilateral de las condiciones del acuerdo por el proyecto de Ley de Mercado Interior, que Johnson ya ha presentado a la Cámara de los Comunes esta semana, conlleva algo más que un serio interrogante respecto a los acuerdos de Viernes Santo que propiciaron el final de la violencia en Irlanda del Norte. También cuestiona el nivel de las competencias de autogobierno de Gales y Escocia cuando esta última se prepara para un nuevo referéndum de independencia a consecuencia precisamente del brexit que los escoceses rechazan. Y sitúa a Gran Bretaña de nuevo ante una salida brusca y sujeta a las reglas tradicionales del libre comercio y las tarifas aduaneras en su relación con la UE, origen y destino del 65% del comercio británico. Pero aún supondría algo más e incluso más importante: la aprobación de la ley en el Parlamento británico tal y como la ha presentado Johnson superaría la última frontera de la confianza en el sistema de relaciones institucionales que rige el mundo por cuanto pondría en cuestión los fundamentos del derecho internacional en el que se asientan y abocaría a una inseguridad jurídica de consecuencias incalculables e impredecibles.
