La confirmación por el lehendakari, Iñigo Urkullu, de la convocatoria de elecciones al Parlamento Vasco el 5 de abril, fecha con la que se venía especulando incluso ya antes de que el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, adelantara que se había producido el debate preceptivo al respecto en el Consejo de Gobierno del pasado día 4 supone en primer lugar acotar una precampaña -a la que ya se ha dado inicio en la práctica- excesivamente dilatada si la cita con las urnas se hubiese situado en otoño. Dicho escenario no hubiese contribuido a la normalidad y estabilidad políticas en Euskadi y, por el contrario, hubiera acabado por condicionar el horizonte -y los posibles acuerdos- de una próxima legislatura que se antoja clave para nuestro país tanto en cuanto a desarrollo socioeconómico, incluyendo el reto del empleo, como en el del autogobierno. Y baste como razonamiento apuntar que la convocatoria del 5 de abril permitiría conformar una mayoría parlamentaria y de gobierno con margen suficiente para aprobar las directrices presupuestarias del próximo ejercicio 2021. Se trata, por tanto, de ganar tiempo para Euskadi a la vez que se fortalecen las perspectivas de la negociación de las transferencias pendientes al enmarcarlas en un periodo de estabilidad similar en el Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado y dado que los primeros avances en la materia se definirían sin que les influya la convocatoria electoral. También, lógicamente, de impedir la afección de factores externos a la política vasca, no solo por el condicionante de las previsibles elecciones catalanas y su influjo en unos comicios vascos sino especialmente por el efecto de las mismas en la aprobación de los presupuestos del Estado del año en curso y sus consecuencias para Euskadi. Pero si todo ello no fuese suficiente para considerar motivada la decisión del lehendakari, se añade además el propio calendario, que incluye en la horquilla electoral tanto Semana Santa como las vacaciones estivales, y la previsión legislativa de la propia Cámara vasca, donde se hallan en tramitación una treintena de iniciativas legislativas de las que dos tercios no podrían ser aprobadas antes de finalizar la actual legislatura, también la imposibilidad de lograr avances en la Comisión de Autogobierno, ya condicionada por el ambiente preelectoral en que se hallan inmersos todos los partidos vascos.
