La aprobación por el Consejo de Ministros ayer de la declaración de emergencia climática y la subida del 2% en el sueldo de los funcionarios, así como en la reunión de ministros de la semana pasada de la subida del 0,9% de las pensiones permiten al Gobierno, todavía reciente, de Pedro Sánchez iniciar su mandato con un barniz de transformación progresista que, sin embargo y en realidad, aún no se ha iniciado en la práctica. Si la subida de las pensiones no supone sino dar continuidad a una medida ya implementada en ejercicios y por ejecutivos anteriores tras el acuerdo arrancado por el PNV al PP, la subida en el salario del funcionariado estaba comprometida -y pendiente al estar en funciones el anterior Gobierno de Sánchez- desde 2018 según pactaron los sindicatos con el Ejecutivo en el último mandato de Mariano Rajoy. Asimismo, la declaración de emergencia climática también se hallaba a la espera de la configuración de Gobierno tras las elecciones del 10-N por cuanto ya fue aprobada por el pleno del Congreso el pasado 17 de septiembre (311 votos a favor y solo 24 en contra) -el Gobierno Vasco la había declarado en julio- y también por el Parlamento Europeo en noviembre mientras sigue pendiente de aprobación la imprescindible Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que quedó aplazada por la convocatoria electoral tras ser aprobado su anteproyecto en Consejo de Ministros hace once meses exactos, el 22 de febrero de 2019. Se añade que el diálogo en materia territorial anunciado como eje de la incipiente legislatura por Pedro Sánchez se mantiene a la espera de que el primer contacto, establecido entre la ministra de Administración Territorial, Carolina Darías, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, se concrete para abordar las transferencias estatutarias pendientes. Y que la acordada reunión entre Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se pretende englobar en la ronda con todos los presidentes autonómicos y emplazarla en febrero. En definitiva, siendo cierto que el Gobierno Sánchez apenas ha comenzado a andar, ya que los veintidós ministros juraron su cargo hace diez días, y que comporta la necesidad de adecuar los condicionamientos de la coalición a la práctica diaria, no lo es menos que le es exigible cierta diligencia para responder a las urgencias legislativas que el propio Sánchez esgrimió cuando recababa apoyos para su investidura.
