La firma ayer, con retraso y un proceso que ha tenido que superar graves obstáculos, del acuerdo sobre cinco nuevas transferencias a Euskadi es un recordatorio contundente de algo que lamentablemente se minusvalora en la política española: cumplir la ley no es una concesión, es una obligación. El Estatuto de Gernika no es un capricho o una veleidad, como han aludido demasiadas veces al nacionalismo vasco voces de los partidos de ámbito estatal, sino una Ley Orgánica del Estado, norma básica que vincula a todos los gobiernos. Que la gestión del desempleo, las prestaciones no contributivas, el seguro escolar o Salvamento Marítimo sea vasca demuestra que el autogobierno no erosiona al resto del Estado sino que lo hace más plural y eficiente.
Sin embargo, el camino deja cicatrices. La primera es la evidencia de que existen voluntades activas de obstrucción. La Comisión Mixta se desconvocó en diciembre a última hora, los ministerios pusieron reparos sucesivos y solo la presión política ha desbloqueado un pacto que estaba comprometido desde julio. No ha fallado la técnica –los mecanismos financieros y jurídicos estaban previstos y reglados–, ha fallado la voluntad: se sigue cuestionando el cumplimiento íntegro del Estatuto sobre la base de prejuicios ideológicos. La segunda cicatriz es la fotografía de la política vasca. Ha sido, de nuevo, el PNV quien ha hecho del autogobierno eje central y persistente de su acción, forzando a Sánchez a cumplir la palabra dada y asumiendo el desgaste de un pulso largo y discreto. El PSE, en cambio, se ha movido al ritmo de la conveniencia del Gobierno de Sánchez, lejos del papel activo que el PSC juega en la estrategia socialista hacia Catalunya: más correa de transmisión estatal que socio impulsor del autogobierno. EH Bildu, por su parte confirma una vieja inercia: mucha retórica soberanista pero más voluntad de establecer un modelo socioeconómico marxista que reforzar el autogobierno efectivo que ha permitido construir en estas décadas el espacio vasco de bienestar. Y el PP vive del sucursalismo que subordina el interés vasco a la agenda del partido en Madrid. El acuerdo es importante porque ensancha competencias, pero también porque desnuda quién está dispuesto a pelear por el autogobierno real que crea el bienestar y la solidaridad reales y quién no.
