Editorial

Política por coyuntura

La aprobación por PSOE, PP y C’s del decreto que permite al Gobierno cerrar webs sin autorización judicial desprecia por oportunidad la prudencia que exigen las discrepancias en el TC sobre medidas ya adoptadas

17.12.2019 | 16:11

La aprobación por PSOE, PP y C’s del decreto que permite al Gobierno cerrar webs sin autorización judicial desprecia por oportunidad la prudencia que exigen las discrepancias en el TC sobre medidas ya adoptadas

Las discrepancias en el pleno del Tribunal Constitucional (TC) respecto a los dos recursos planteados por Oriol Junqueras a las decisiones del juez Llarena de mantener su prisión preventiva e impedir su toma de posesión en el Parlament -cuya resolución el TC pospuso hasta que se conociese la sentencia del procés que dictó el Tribunal Supremo el pasado octubre- dan medida de la dificultad para sostener jurídicamente algunas de las medidas desplegadas por el Estado español en Catalunya. Aunque dichos desacuerdos no alteren las mayorías que en el TC se hallan condicionadas, sobre todo, por la fórmula de designación de sus miembros, sí suponen en cambio una evidente enmienda a la pretendida consistencia de los argumentos empleados, de forma notoria por la Fiscalía, a la que el propio Pedro Sánchez atribuye dependencia del Gobierno, en los encausamientos así como a su traducción final en las decisiones judiciales, algunas de las cuales, por cierto, son cuestionables en virtud de la doctrina emanada desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que no es ajeno a las citadas desavenencias en el TC. Sin embargo y pese a conocer esas divergencias respecto a la interpretación jurídica de algunas medidas adoptadas, el gobierno en funciones presidido por Pedro Sánchez ha despreciado la prudencia que parecen exigir las mismas, también la propia transitoriedad del gabinete, para con el apoyo del PP y Ciudadanos sacar adelante ayer en el Congreso el decreto ley que aprobó también el pasado octubre para otorgar al Ejecutivo la potestad de intervenir y controlar internet cerrando webs y servidores sin autorización judicial con el fin de impedir la denominada "república digital" catalana, decreto ya en su origen cuestionado por presentar aspectos de dudosa constitucionalidad en aplicación, entre otros, de los arts. 16.1 y 20.1.a de la Carta Magna que preservan la libertad ideológica y el derecho a la libertad de expresión. Es decir, una vez más, la toma por el Gobierno del Estado de decisiones respecto al profundo problema de Catalunya se realiza no en la estricta observancia de leyes y derechos con el fin de colaborar en su solución sino en virtud de una necesidad política coyuntural, en este caso la de presentar un determinado perfil ante la presión de los partidos de la derecha tras el preacuerdo con Unidas Podemos para la conformación de gobierno que, sin embargo, esta misma actitud dificulta.