Real decreto-ley ómnibus

El Gobierno del Estado español ha acuñado un curioso concepto, el escudo social, que posibilita acoger en su normativa reguladora dieciocho materias heterogéneas y sin más punto de conexión que conformar el denominado meta jurídicamente escudo social.

Los escudos son símbolos que sirven de identificación a una agrupación humana, expresan su cohesión y validan su documentación de carácter oficial, además de constituir signos de autoridad. El perfil cohesión no se corresponde con este Real Decreto-Ley, que si por algo se caracteriza es por su heterogeneidad y falta de cohesión interna.

Esta norma regula materias relativas a las consecuencias de la guerra de Ucrania; los precios de los alimentos y la sequía; respuesta a situaciones de vulnerabilidad; políticas de descarbonización y movilidad eléctrica; la revalorización de las pensiones y algunas prestaciones como la de orfandad; medidas sobre el IRPF; medidas derivadas de los incendios forestales; medidas para los afectados de la dana de Valencia; medidas para los bomberos y agentes forestales; medidas sobre la financiación municipal; medidas sobre los médicos de familia y pediatras; medidas sobre los desahucios y otras.

La utilización de la noción escudo social para empastillar de forma tan abigarrada materias tan diversas no deja de ser una idea reduccionista. No hay ninguna norma del Ordenamiento Jurídico público y privado que no tenga finalidad de carácter social. Habiendo cogido carrerilla podían haber incluido en este Real Decreto-Ley la totalidad del Ordenamiento Jurídico desde el Código Penal hasta la Orden HAC/1430/2025, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 21 de diciembre de 2001, por la que se aprueban los modelos 195 y 199.

Qué oportunidad ha perdido el Gobierno de presentar un Real Decreto-Ley que excluyendo la Constitución por una cuestión de rango normativo hubiera incluido todas las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los reales-decreto, todas las órdenes ministeriales y las resoluciones con efectos normativos. Para los operadores jurídicos hubiera resultado un verdadero chollo no tener que buscar entre la miríada de Boletines Oficiales encontrando toda la normativa en uno solo.

Se me reprochará con razón que los principios ontológicos del derecho lo constituyen la coherencia material de las leyes; la seguridad jurídica o coherencia material para que los ciudadanos puedan conocer las leyes de manera clara y predecible; la igualdad ante la ley cuyo trasunto es que las leyes se apliquen de forma materialmente coherente en garantía de la igualdad y falta de contradicciones; la justicia, es obvio que la coherencia material es esencial para que las leyes sean justas y no arbitrarias; la estabilidad del ordenamiento jurídico en garantía de la credibilidad del sistema jurídico.

Todo lo anterior ha sido amortizado de un plumazo por el Real Decreto-Ley y ello a pesar de que muchas de sus normas son justas y legítimas, pero por separado.

En relación a la revalorización de las pensiones, la falta de aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026 determina la prórroga automática de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, hasta la aprobación de la nueva ley. De acuerdo con la doctrina del Consejo de Estado, la revalorización de las pensiones no es, como regla general, objeto de la prórroga presupuestaria prevista en el artículo 134.4 de la Constitución Española, por lo que, en tal situación, el Gobierno, si quiere proceder a la actualización de las pensiones públicas, debe acudir a la aprobación de un real decreto-ley al amparo del artículo 86 de la Constitución Española.

En materia de revalorización de pensiones le hubiera bastado al Gobierno con presentar un Real Decreto-Ley contemplando exclusivamente esta materia y por ello apostando el crecimiento de las pensiones al crecimiento del IPC.

Algunas medidas en materia de promoción de la vivienda pública, el legislador español debería contemplar con más cuidado las competencias autonómicas, son razonables. No tiene sentido que la Comunidad de Madrid mantenga 1.300 viviendas vacías del Plan Vive.

En relación a la regularización de extranjeros trabajando y sin antecedentes penales, medida que ha deslizado el Gobierno a un Real Decreto, la propia iglesia católica y la CEOE han avalado la medida. Entre 2022 y 2024, el ritmo medio de avance anual del PIB per cápita en el Estado español fue del 2,9%. De acuerdo con un ejercicio de descomposición mecánica, la aportación media directa de la población extranjera al crecimiento del PIB per cápita se situaría entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales.

Las medidas derivadas de la guerra de Ucrania consistentes en la contención de la evolución de los precios de la energía, el apoyo a los sectores más afectados por el conflicto bélico, la reducción de impuestos en el ámbito eléctrico se aprobarían sin dificultad en una norma específica que regule esta materia.

La lucha contra la inflación y particularmente del índice de precios al consumo subyacente, que según el informe del Banco de España se situaron el año pasado en el 2,9%, dato que resulta difícil de creer para los que acudimos todos los días al supermercado, requiere desde luego una norma específica que complemente y en algunos casos modifique las propuestas en este Real Decreto-Ley.

En relación a las ayudas de la dana en Valencia, tendrá que explicar el Partido Popular por qué no las ha apoyado resultando tan exasperante lento el proceso de reconstrucción de la Comunidad Valenciana, no obstante, siempre podrán decir que esta materia requiere también una norma singular.

Los apoyos a la adquisición de coches eléctricos, a la descarbonización, a las medidas contra el cambio climático son también susceptibles de ser apoyadas por numerosos grupos, ya sabemos quién está en contra (los amigos de Trump) pero esto es una materia conceptualmente tan singular que también requiere normas específicas que afectan a múltiples ámbitos de la economía, de la sociedad, del ordenamiento jurídico.

Ignoro cuáles son las intenciones del Gobierno para presentar una norma de estas características, también ignoro si las va a trocear y presentarlas de nuevo (en particular la revalorización de las pensiones). Podemos especular con que en esta legislatura de trinchera el Gobierno ha querido colocar ante el espejo de una pretendida falta de sensibilidad a otros grupos de la Cámara. La legislatura no es solo de trinchera es también de ardides táctico-políticos. Quizá sea una ilusión vana pero qué bueno sería una legislatura razonablemente normal en la que medidas sociales relevantes pudieran ser aprobadas por consensos que en otros tiempos existieron.