Acabamos de cerrar un año muy convulso en lo político, con líos casi a diario, pero no menos convulso en lo judicial. Vaya por delante que toda generalización acarrea injusticia, pero es evidente que algo falla en la praxis de la arquitectura constitucional en lo que toca a la separación de poderes. Hay quien opina que la teoría de la separación de poderes de Locke (sin lo judicial) y completada con Montesquieu (legislativo, ejecutivo y judicial), está mal diseñada. La percepción del poder judicial como órgano independiente hace aguas. Puede parecer una afirmación severa, pero es por algo la incorporación del término lawfare o guerra jurídica en el debate político, ante la percepción de que se utilizan procedimientos judiciales para perseguir y desacreditar a un adversario.

La Constitución (artículo 117.1) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 47), entre otros, recogen la exigencia de independencia judicial, sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo que puedan influir en sus decisiones. La realidad más bien muestra tres poderes autónomos, que no independientes; y no es lo mismo. A la praxis de estos últimos meses me remito ante la imagen de un poder judicial cercano a la trifulca política que es lo que ha popularizado que se hable de lawfare.

Tenemos derecho a criticarlo porque el propio sistema da pie para ello: desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (1985), el nombramiento de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano encargado del régimen disciplinario y de la promoción de los jueces, de velar por su independencia, lo realiza el poder legislativo sin que la judicatura tenga capacidad para designar por sus miembros ni a una mínima parte de sus Vocales.

Asusta ver hasta dónde podría llegar el problema viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde Donald Trump y su Partido Republicano han recobrado el control del Senado, y también el Congreso. A esto se le añade que Trump contará con un Tribunal Supremo favorable que no entiende de independencia judicial, a pesar de que sus cargos son vitalicios precisamente para que sean independientes. Esto abre la puerta a que Elon Musk y otros grandes magnates pretendan cobrarse la deuda por sus apoyos millonarios electorales presionando a Trump a favor de sus intereses por encima del interés del país. Ya hemos visto en el caos del pasado 20 de diciembre en el Congreso la influencia del magnate sobre el próximo presidente estadounidense.

Si la excesiva concentración de poder es indeseable por definición, resulta más inquietante en manos de un líder sin respeto alguno por los procedimientos democráticos, además de ser refractario a cualquier ética que cuestione sus intereses. Un presidente condenado y procesado además por el asalto el Capitolio, entre otras cositas. Todo ello perfectamente ¿democrático? Aquí todavía no estamos en eso, afortunadamente, pero los representantes del Poder Judicial están elegidos por los políticos y el Fiscal General del Estado es elegido por el gobierno de turno. Y los resultados no parecen satisfactorios.

A eso hay que añadir el factor humano: los atropellos judiciales y las argumentaciones asombrosas de muchos jueces firmando sentencias de profundo rechazo social, errores tremendos en la aplicación del tercer grado con resultados trágicos, incluso en demasiados casos de violencia de género; lentitud desesperante en la resolución de unos casos y celeridad extrema en otros… ¿Quién imparte justicia al juzgador? ¿Problema solo de insuficiencia de medios? Porque se puede criticar hasta la náusea al poder ejecutivo y legislativo, pero no así a los miembros de la judicatura, aunque sonrojen algunas actuaciones que parecen venir al dictado de la refriega política y/o económica. Hay que añadir que en política cabe criticarse entre políticos, mientras que no se conoce reconvenciones entre miembros de la carrera judicial, a pesar de existir asociaciones de la magistratura de diferente signo. ¿Por qué no encajan la crítica a una actuación suya con nombre y apellidos? Cuando se denuncia la intromisión política en las instancias judiciales debería añadirse la hipótesis inversa: la perversión cabe en sentido contrario y complementario, es decir, consentida en ambas direcciones. Tampoco resulta edificante el uso de la carrera judicial como trampolín para el salto a la política y el retorno después a la profesión judicial. Etcétera.

La judicatura sustenta su dignidad profesional en un corporativismo mal entendido. Yo diría que 2024 ha mostrado una imagen maltrecha de la independencia que se quiere preservar. La idea de Montesquieu (s. XVIII) sigue siendo buena, pero… Por eso mismo lo que está en juego es la credibilidad en la impartición de la justicia, no solo la de los órganos que la imparten.

Analista