día de hoy, existe un consenso social importante en torno a quienes creen que no existían recetas mágicas para afrontar la crisis económica y sanitaria provocada por el covid-19. Una situación que pilló de improviso a todos los líderes mundiales y en la que cada uno puso todo su esfuerzo en solventarla de la mejor manera posible, sin poder recurrir a ejemplos pasados de los que tomar nota. También existe consenso respecto a que habrá que repasar los procedimientos y aprender de lo que se podía haber hecho mejor. Porque en la próxima ocasión que una pandemia nos vuelva a atacar ya nadie podrá decir lo mismo. Sin embargo, no es de recibo el absoluto desconocimiento de diversos dirigentes políticos de cara a determinar cómo se debía financiar el incremento de gasto público derivado de las medidas adoptadas para paliar la crisis. A lo largo de estos meses se han hecho propuestas electoralistas a botepronto y sin rigor. Reducciones fiscales, donativos empresariales, impuestos a grandes fortunas, tasa covid son a mi entender ejemplos de todo ello.
El primero en proponer medidas extraordinarias para frenar el impacto económico del coronavirus fue Pablo Casado (9-3-2020). Entre ellas planteaba, como no, bajadas de impuestos incluido el de sociedades. Coherente con su punto de vista ideológico. Pero Casado debiera saber que si no hay beneficios no hay impuestos, la reducción es automática. Otra cosa hubiese sido plantear aplazamientos en los pagos de impuestos con el fin de no drenar liquidez en las empresas en momentos críticos, algo que por su lógica fue implantado por todas las administraciones tributarias.
Más llamativa fue la iniciativa de la Presidenta de la Comunidad de Madrid que (30-3-2020) abrió una página web para donaciones a la sanidad regional y atender la crisis del coronavirus. La Comunidad que años atrás había desmantelado la sanidad pública y alardeaba de los impuestos más baratos del Estado, pedía donativos para solventar la crisis. Como si la salud de la ciudadanía pudiera dejarse al albur de la caridad de ciudadanos y empresas. Una iniciativa, por cierto, seguida por el Gobierno del Estado un día más tarde en la que tomaron parte destacadas empresas que así, de forma inmediata, obtenían impacto publicitario y en un futuro recibirán el correspondiente beneficio fiscal por sus ayudas. Resulta patético ver a instituciones públicas solicitando limosna a individuos o empresas que habitualmente distraen sus impuestos en paraísos fiscales, en lugar de exigiendo a esas mismas personas o empresas una contribución justa y progresiva en función de sus ingresos o beneficios.
Si en cualquier sociedad civil son las personas que la conforman las que contribuyen al sostenimiento de sus gastos, la financiación de administraciones públicas debe recaer también en el esfuerzo económico de las personas que componen la sociedad a la que prestan sus servicios. En este sentido hubo tres iniciativas: Podemos reclamó un Impuesto a las Grandes Fortunas, Confebask apostó por un recargo sobre el IRPF y Sociedades y a EH Bildu se le ocurrió proponer una Tasa Covid. Empezando por el final, resulta escandaloso el desconocimiento fiscal de esta formación al lanzar dicha propuesta (13-5-2020). Más allá de limitarse a decir que se trataría de un recargo temporal con objetivo finalista sobre los beneficios de las empresas y sobre los grandes patrimonios. ¿Nadie en este grupo político conocía la diferencia entre tasa e impuesto?
También la pomposa propuesta de Podemos con su impuesto sobre las grandes fortunas demostró desconocimiento, porque esa figura tributaria ya existe y se llama Impuesto sobre el Patrimonio. Distinto es que, por los intereses de quienes pretenden eliminarlo, esté totalmente desfigurado y que su recaudación deba ser sustancialmente mayor. Los dirigentes políticos de todo signo, si realmente quieren un sistema fiscal justo, deben evitar confundir a la sociedad con nuevos nombres para lo ya existente y, a la vez, procurar que los tipos reales se ajusten a los que aparecen en las normativas tributarias y no queden totalmente desfigurados por exenciones, deducciones y normas de valoración que hacen que los tipos impositivos reales difieran sustancialmente de los que aparecen en las correspondientes tablas.
La propuesta de Confebask (8-5-2020) era la más lógica de las que vieron la luz en aquellos duros momentos. La idea que planteó al Gobierno Vasco pretendía implantar “un recargo fiscal temporal y finalista, durante un periodo de tiempo determinado, para poder hacer frente a la devolución de la deuda en la que habrá que incurrir necesariamente para salir de la crisis. Quedaría por detallar el alcance, la cuantía y el plazo del recargo fiscal concreto.” Y añadía “ese esfuerzo fiscal destinado a ir amortizando la deuda en la que tengamos que incurrir ahora para hacer frente a la crisis del covid-19, debería afectar a TODOS los tributos concertados de regulación propia, esto es, IRPF e Impuesto sobre Sociedades, y siempre bajo el principio de que aporte más quien pueda hacerlo.” Increíble pero cierto. Una patronal hablando de incrementar, aunque fuese de forma transitoria, el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades y de hacerlo de modo que aporte más quien pueda hacerlo. Una magnífica propuesta que, no obstante, omitía que también el Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo concertado de regulación propia. Quizás fuese porque quieren que desaparezca (el 9-11-2021 su Presidente lo reiteraba ante el rifirrafe fiscal entre el Lehendakari e Isabel Díaz Ayuso). Quizás porque en 2020 tenía en Euzkadi una recaudación récord demostrando que el impuesto no impide el crecimiento del patrimonio y de las inversiones contrariamente a lo planteado por la patronal.
Ninguna de estas propuestas ha visto la luz. Los presupuestos de las distintas instituciones para 2022 se han ido aprobando con el mismo esquema fiscal (ayudas temporales al margen) que el vigente al inicio de la pandemia con lo que la pregunta de la ciudadanía sobre quien va a pagar las consecuencias de la crisis vuelve a tener una respuesta conocida: los de siempre.
Y no entiendo que esto sea así. No entiendo cómo las instituciones vascas no recogieron el guante de Confebask para probar de modo transitorio una reforma fiscal que reforzase eso de que quien más tiene más paga. Y no entiendo cómo las Instituciones vascas no han ofrecido ya los prometidos resultados de estudios sobre los efectos de la última reforma fiscal o sobre si los contribuyentes huyen a otras zonas porque tenemos tal o cual impuesto y en otros sitios lo tiene más barato o simplemente no existe. Y no será por ausencia de datos. Ni por ausencia de publicaciones de datos para que se puedan sacar conclusiones al respecto.
Pero publicar datos no significa analizarlos y es eso lo que sin demora debieran empezar a hacer nuestras Instituciones. Analizar si la estructura de gastos actual se corresponde con las necesidades de la sociedad y si la estructura de la institución es la adecuada para prestar los servicios que se le demandan vistas las deficiencias y oportunidades puestas de manifiesto por la crisis. Analizar si los incentivos fiscales que se multiplican en las distintas normas siguen siendo útiles para los objetivos perseguidos, o han quedado desfasados en cuantía o razón de ser. Analizar si los tipos impositivos o retenciones son justos, o con el paso del tiempo la inflación u otros factores han hecho de ellos que tengan efectos perversos. Analizar si merece la pena poner tipos altos o si, como alternativa, resulta más lógico bajarlos y hacer una valoración más precisa de las bases imponibles para que nadie pueda alegar que los tipos impositivos son “confiscatorios” cuando distan mucho de serlo. Analizar y sacar conclusiones. Algo para lo que se necesita ganas y voluntad, porque no es falta de medios para estos menesteres lo que las Instituciones puedan alegar. Salvo que alguien considere que no hay que tocar nada no vaya a ser que se rompa algo. O que la mejor política fiscal es aquella que no existe.
Sin duda, con poco esfuerzo se pueden obtener conclusiones que permitirían elevar los presupuestos de nuestras Instituciones, tanto en sus ingresos como en sus gastos, a unos niveles de mayor eficiencia y justicia social. Por el momento, tengo tiempo y ganas. * Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV-EHU. Master en Hacienda y Finanzas Públicas por la UPV-EHU
