os palestinos llevan décadas aguardando a que alguna entidad reconocida les escuche, atienda y defienda frente a los abusos que está llevando a cabo Israel en sus territorios. Hasta la fecha solo ha podido disfrutar de la comprensión y paternalismo de las potencias europeas y los países árabes (aunque ya se han demostrado fisuras), pero eso no ha contribuido ni mucho ni poco a dar una solución al problema. Estados Unidos ha cooperado en el bloqueo de la mayor parte de las decisiones que podían haber afectado a Israel, en un compromiso que existe entre ambos países (la única excepción fue durante el final de la Administración Obama, que solo sirvió para condenar los asentamientos ilegales israelíes, pero sin continuidad).
Durante la Administración Trump, el posicionamiento proisraelí fue todavía a más, con una apuesta, no la de impulsar un Estado palestino, sino la de acallar los fuegos de su futuro mediante inversiones dejando todo al albur de Israel. Su plan maestro fue contundentemente rechazado por la Autoridad Palestina que lo entendió como una humillación más.
Que Palestina no es un Estado con todas las garantías, eso está claro e Israel lo utiliza. Sin embargo, el interés del Estado hebreo por que esto continúe así, presentando el conflicto como una cuestión de seguridad propia, persigue una estrategia a largo plazo: la destrucción de la entidad palestina. De este modo, el Estado hebreo no ha contribuido a la paz o al acuerdo, al contrario, ha proseguido con sus políticas abrasivas, expandiendo sus colonias ilegales en Cisjordania y fracturando aún más la cohesión territorial palestina. En otras palabras, los Gobiernos conservadores israelíes están actuando como una potencia ocupante e imperialista. El que la ONU aceptara y reconociera a Palestina como Estado observador (2012) fue un gran paso, todavía simbólico, porque eso no le concedía aún el status que tanto ansía. Pero sí le otorgaba la opción de adscribirse al Estatuto de Roma, como hizo en 2015 y, en consecuencia, recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI).
Aunque Israel no ha suscrito el Estatuto de Roma, tras unos años de parálisis, la CPI ha procedido a dictaminar que sí tiene jurisdicción para atender los crímenes de guerra que se puedan haber cometido en los territorios palestinos, lo cual incluye a las milicias palestinas de Hamás y la Yihad Islámica. Este proceso fue instruido por iniciativa de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, convencida de que se están cometiendo crímenes de guerra tanto en Cisjordania, la franja de Gaza, como en Jerusalén Este y, por lo tanto, se debía indagar sobre ello. Como es natural, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha reprobado furibundo que el tribunal vulnere “la capacidad de los países democráticos para defenderse del terrorismo”.
No obstante, eso no tiene nada que ver, ya que también la CPI tiene competencia para juzgar los crímenes de las milicias palestinas. Y ¿desde cuándo la defensa del terrorismo permite darle carta blanca para actuar? Para El Asad, el presidente sirio, la guerra civil ha sido una batalla contra el terrorismo en su propio país, lo cual le permitió justificar horrores sin fin, violencia indiscriminada, torturas, asesinatos y una violación sistemática de los derechos humanos.
¿Cómo sabemos que Israel cumple a rajatabla con tal derecho internacional sin ningún organismo externo que lo vigile? No se puede saber con seguridad. Según Netanyahu, el tribunal actúa como un organismo político más que como una institución judicial, aunque es otro argumento endeble. Si fuera cierto, entonces, habría actuado antes. Además, de forma contradictoria, añadió: “a pesar del acoso legal, Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos y soldados por todos los medios”. Si es acoso legal, significa que no es solo político. ¿Y si fuese ese el problema? Un estado de derecho, tal y como Netanyahu ha definido a Israel, no está por encima de la ley, sino que cumple la ley. Y esa legislación debe garantizar la dignidad de la vida humana sea uno israelí o palestino. El todo vale contra el terrorismo es más propio de un régimen despótico, que comulga más con la funesta filosofía que propició el exterminio, que con una sociedad democrática. Asimismo, las políticas israelíes que se juzgan nada tienen que ver con su seguridad sino con la expansión ilegal de sus colonias, la reducción de los territorios palestinos a unos segmentos dependientes y empobrecidos, a la intervención en su administración, a la expulsión de la población árabe de Jerusalén Este, a la demolición de viviendas palestinas, al asesinato de manifestantes pacíficos, etc…
Para Tel Aviv todo es todo, pero eso solo genera odio y rencores, no son políticas contra el terrorismo sino contra la población palestina en general, que es identificada sin razón como potencial terrorista. La decisión de la CPI traerá cola y esperemos que consecuencias. Durante el mandato de Trump, se impusieron sanciones a la fiscal y a miembros del tribunal ante el temor a que ocurriera precisamente esto. Es incongruente que el paladín de las libertades (y uno de los impulsores del derecho internacional en el proceso de Nuremberg, en 1946) sea el que justifique la impunidad israelí. Por ahora, la Administración Biden calla, y tiene ante sí una patata caliente debido a la presión de los loobing hebreos. En todo caso, es lógico pensar que ningún país puede escapar a la justicia internacional, incluso Israel. El hecho de que Europa tenga una deuda permanente con el pueblo judío no significa que algunos segmentos del Estado hebreo puedan actuar de forma criminal y se les exonere, sin más, de sus delitos.
Desde luego, Israel tiene la potestad de defender sus fronteras y de garantizar los derechos de sus ciudadanos. Pero no debe confundir defensa con actuar de forma inhumana e impune. Pues, a pesar de los atentados y de los ataques de Hamás o la Yihad Islámica, eso no le da derecho a menospreciar e infravalorar la dignidad de la sociedad civil. Así, la única diferencia con los terroristas es que ellos tienen un Estado y los otros no.
* Doctor en Historia Contemporánea
