Un cambio de rumbo en la política ambiental vasca

Comenzando por la gestión de residuos, que, a raíz de lo acontecido en vertedero de Zaldibar se apreciaron graves carencias e irregularidades que las instancias judiciales deberán esclarecer las causas que provocaron el derrumbamiento del vertedero y las responsabilidades de todo tipo que pudieran derivarse tanto desde el punto de vista de la muerte de Sololuze y Beltrán como del medio ambiente, considero que, en principio, son iniciativas positivas, pero también habría que analizar algunas cuestiones más.

En relación a la tasa del vertido de residuos industriales, convendría decir varias cosas. En primer lugar, que hace ya 17 años, este impuesto ambiental figuró en el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Euskadi 2003-2006. Entonces, Euskadi generaba anualmente 290.000 toneladas de este tipo de desechos. Y el 68 % de ellos era depositado en vertederos. Pero a pesar de que se trataba y se trata de una buena medida, ningún Gobierno Vasco ha sido capaz de llevarlo a la práctica hasta ahora.

Haciendo un poco de historia, los impuestos sobre el vertido son clave para la implementación de dos principios básicos en gestión de residuos: el principio “quien contamina paga” y la jerarquía de residuos. El principio “quien contamina paga”, formulado por la OCDE en 1972, e incluido en los principales documentos vertebradores de la política de residuos a nivel europeo, y de aquí, determina que los responsables de la contaminación deben hacerse cargo de sus costes. El mercado no es capaz de generar precios para el vertido que integren los costes sociales y ambientales, por lo que la aplicación de un impuesto contribuye a la internalización de dichos costes. Por otro lado, la jerarquía de residuos indica el siguiente orden de prioridades de gestión: “prevención; preparación para la reutilización; reciclado; otros tipos de valorización (por ejemplo, la valorización energética o incineración) y eliminación”. Un impuesto que eleve los costes totales del vertido contribuye a corregir el coste relativo del vertido (generalmente la opción más barata) con respecto al del resto de opciones y por tanto a promover las opciones prioritarias en la jerarquía de residuos.

Estos impuestos, de común aplicación en otros Estados Miembros de la UE, han sido puestos en práctica con “cuentagotas” en el Estado español, que cuenta con un retraso general importante en lo referido a fiscalidad ambiental. De hecho, la UE ha llamado la atención sobre este aspecto en documentos de referencia en política fiscal y económica como el European Semester, así como en recomendaciones específicas de la Comisión Europea donde se alude directamente a la necesidad de implantar un impuesto al vertido a escala estatal como medida central para avanzar hacia los objetivos de reciclaje establecidos.

En la actualidad, Navarra incluyó esta medida en la Ley foral de Residuos, aprobada en la legislatura pasada. Y Cataluña fue la comunidad autónoma pionera en el estado en la aplicación del canon de vertido de vertido de residuos municipales e industriales. En mi opinión, es difícil encontrar argumentos que justifiquen esta laguna fiscal a nivel estatal y en Euskadi, ya que un impuesto al vertido es una herramienta fundamental para implementar la jerarquía de residuos europea, y un mecanismo efectivo para trasladar el coste de la contaminación a sus responsables.

Otras de las iniciativas planteadas por la consejera Arantxa Tapia es la apuesta por la economía circular y la creación de un nuevo centro público de residuos industriales, aunque sobre ello vino a decir que todavía está en una situación un tanto embrionaria. No conozco, por el momento, cuáles son sus intenciones, ahora bien, atendiendo a otros países europeos más avanzados ambientalmente, un centro público de residuos industriales puede tener la importante función de albergar los residuos industriales generados y donde se hiciera la caracterización y la separación selectiva de los residuos, entre reutilizables, reciclables y los que no lo son. Esta infraestructura de residuos, pública y por tanto bajo control del Gobierno Vasco, podría ayudar a reducir el vertido de residuos, que actualmente supone cerca del 40% de los residuos industriales. No hay que olvidar que el vertido es la última de las opciones contempladas en la jerarquía europea de gestión de residuos, que pasa por este orden, por la reducción, reutilización, reciclaje, valorización energética o incineración, y vertido.

Pero, cabe preguntarse también, y, ¿que se haría con los residuos que no se pueden reutilizar y reciclar? ¿Irían a los vertederos existentes en la actualidad? Cabe esperar que deberán depositarse en algunos vertederos, ahora bien, es fundamental y eso ya lo he dicho en algunos otros artículos en este diario, que es necesaria una auditoria pública de los diez vertederos de residuos industriales existentes en la actualidad, para conocer su situación actual, ya que algunos de ellos han tenido serias incidencias y problemas.

No obstante, en Euskadi hacen falta menos vertederos, y ninguno como el de Zaldibar, y más infraestructuras de tratamiento de residuos. Por tanto, es obligado un cambio de rumbo en la política de gestión de los residuos. Es necesario caminar hacia la reducción de residuos, la reutilización y el reciclaje, y para ello es necesaria una Ley vasca de Residuos que camine hacia un territorio cero residuos.

Finalmente, una Ley de Transición Energética y Cambio Climático en Euskadi es absolutamente fundamental. Conseguir que Euskadi reduzca tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, es favorecer la transición hacia un modelo neutro en emisiones de gases de efecto invernadero en 2050, pero para ello es necesario plantearse horizontes temporales en 2030 con objetivos ambiciosos como puede ser una reducción de las emisiones entre el 50% y el 55%, y al mismo tiempo, transformar el modelo de producción y acceso a los recursos naturales y energéticos.

La ley vasca de Cambio Climático debe fijar unas líneas maestras para que nuestra comunidad transite el camino hacia la descarbonización en base a criterios fijos y estables. Además, los objetivos de reducción de emisiones deben en todo momento actualizarse, siempre que sean más ambiciosos. Sin duda, tenemos una gran oportunidad para dar un paso al frente en la lucha contra el cambio climático.

El autor es experto en temas ambientales, Premio Nacional de Medio Ambiente y Premio Periodismo Ambiental del Pais Vasco 2019