ue la Unión Europea no haya sido capaz de encontrar un procedimiento común de intervención en la crisis del covid-19 no es en ningún caso el anuncio adelantado de la desaparición de la UE, principalmente porque se trata de cuestiones para las que la UE no tiene ninguna competencia constitucional y, por lo tanto, no actuar es lo que responde a su naturaleza, cosa que se advierte leyendo el contenido de la carta constitutiva de la UE, el Tratado de Lisboa: “La acción de la Unión en el ámbito de la salud pública respetará las responsabilidades de los Estados miembros (…) Las responsabilidades de los Estados miembros incluyen la gestión de los servicios de salud y de atención médica, así como la asignación de los recursos que se destinan a dichos servicios”. Es decir, puede haber una política única de lucha contra la enfermedad del covid-19 en Estados Unidos, en China o en la Federación Rusa, pero no en la Unión Europea, porque lo prohíbe el Tratado vigente. Dejemos, pues, de pedir peras al olmo.
Pero ¿qué ocurre con los recursos financieros para combatir la pandemia desde cada estado? La propuesta de emitir títulos de deuda conjuntos para financiar el esfuerzo fiscal que están haciendo los gobiernos tiene la virtud de igualar el coste de la financiación para todos los estados que participan. A día de hoy es posible emitir eurobonos con un interés del 0,01%.
Eso es precisamente lo que tratan de evitar Holanda y sus aliados. Por supuesto, no lo exponen así. Hablan de que no quieren “que sus ciudadanos paguen las deudas de otros”, argumento poco consistente, pues si ni siquiera Grecia ha dejado de pagar su deuda soberana, menos razones hay para pensar que España o Portugal dejen de pagar su parte de los escasos intereses o del principal de los eurobonos que emitan, pero que no deja de tener efectos sobre la opinión pública: ¿Cómo es eso, que el tendero, el agricultor o el empresario holandés vamos a pagar la deuda del mafioso, el funcionario o el camarero italiano? ¡Ni hablar!
Otro argumento que aducen los holandeses es que ellos han hecho los deberes y han ahorrado mucho para reducir su deuda, mientras que nosotros nos hemos dedicado a seguir gastando, según el holandés al frente del Eurogrupo de entonces, en “copas y en mujeres”. En esa tercera persona del plural se identifican austriacos, finlandeses, alemanes, luxemburgueses y, fuera de la eurozona, daneses y suecos. Y entre los acusados con la primera persona del plural, los mediterráneos salvo Francia, que siempre aparece de perfil en estas fotos de familia mal avenida.
Veamos brevemente en que ha consistido el ahorro y la austeridad holandesa. En 1995, la deuda pública holandesa era aproximadamente el 4% del total de la deuda pública de Eurolandia. En 2018, seguía siendo el 3,3% del total. En términos del Euroclub, no parece que la contribución holandesa haya sido muy significativa, apenas 0,7 puntos del PIB. Por el contrario, Italia, que en 1995 representaba el 22,9% de la deuda pública, ha bajado en más de tres puntos su contribución a la carga de la deuda pública. En esto España no está para echar cohetes, pues su deuda ha pasado en el mismo período del 5,9% al 9,6%. Pero, atención, España representa el 13,8% de la eurociudadanía y Holanda el 5,1%. El ratio del peso deuda-población en términos comparativos es más o menos el mismo, 0,7 para España y 0,65 para Holanda.
Como señalara hace 150 añosel Moro, el crédito público se ha convertido en el credo del capital. Y al surgir el endeudamiento del Estado, el pecado contra el Espíritu Santo, para el que no hay perdón alguno, ha dejado su lugar a la falta de confianza en la deuda pública como el más horrendo de los pecados. Holanda presume de haber bajado el peso de la deuda pública en relación a su capacidad económica (medida por el PIB) desde el fin de la recesión (2014) en -19 puntos, más que Alemania, que ha reducido la carga de su pecado en -16,5 puntos. Quien no ha hecho nada por ganarse el cielo son los mediterráneos bebedores y mujeriegos, que han aumentado la carga de la deuda como en Francia o Italia (4,1 y 1 puntos), o España que solo ha disminuido su carga en -4 puntos del PIB. El único sureño bien portado parece ser Portugal, que ha hecho un esfuerzo de reducción equivalente a -13,5 puntos del PIB. Y de Grecia mejor no hablar, porque toda reducción conseguida (casi -4 puntos desde el final oficial de la recesión) es poca para lavar la magnitud de su afrenta. Al parecer, está más que justificada la desconfianza de los nórdicos contra compartir mesa y mantel en materia de deuda pública con los vecinos del sur.
Pero no solo de deuda pública se alimenta el Moloch-Baal financiero. Al parecer, en la Comisión Europea se han dado cuenta de que el endeudamiento privado de empresas y familias también debería ser tomado en consideración a la hora de evaluar la situación, pero no hay ni se espera ninguna iniciativa orientada a que las políticas comunitarias afecten a este asunto. Debe ser porque en materia de deuda los pecados públicos son virtudes en el ámbito privado. Que Holanda haya pasado de tener una deuda privada no consolidada (es decir que no descuenta que algunos agentes son deudores por un lado y acreedores por otro) equivalente al 233% del PIB en 1995, al 270% hoy, no amenaza las columnas sobre las que se sostiene el poder del euro. En comparación, la deuda privada española (155% del PIB en 2017) o la italiana (110%) no solo es muy inferior, sino que si sumamos el endeudamiento público y privado de la economía, Holanda tiene que destinar un porcentaje de su renta mucho mayor que España o Italia para hacer frente tan solo a los intereses de la deuda total del país, que es el 322% del PIB, frente al 252% o el 245% de las economías española o italiana. Solo Alemania rompe esa tendencia al excesivo endeudamiento privado del norte, con un peso de la deuda privada similar al de Italia.
Pero hete aquí que, tal como está diseñado el sistema, las tasas de interés que los países tienen que pagar por sus títulos de deuda soberanos no reflejan el riesgo (mayor) del sector privado de dejar de pagar y la posible deriva hacia el sector público del hacer frente a las suyas, sino que tan solo toma en consideración el nivel de deuda pública, aislada de otras consideraciones de solvencia nacional. Es así que los países con un nivel de deuda pública inferior disponen desde hace un año de la posibilidad de financiarse a tipos nominales negativos: Al -047% Alemania, al -0,34 Holanda, al -0,26% Austria. España se financia a un tipo bajo (0,27%), algo más que Portugal (0,25%) pero menos que Italia (0,95%). Aquí la principal anomalía es Francia, con un nivel de deuda similar al de España sobre dinero por la deuda que emite, cosa que solo se explica por razones políticas: si Francia tuviera que pagar por su deuda, mientras los alemanes y sus vecinos cobran por sus emisiones de títulos, el sistema ya se habría modificado.
Y esto es así porque el BCE ha decidido que los títulos de la deuda pública soberana tendrán más valor cuanto más reducido sea el peso del endeudamiento… público. Y los bancos compran esos títulos, aun a costa de tener que pagar dinero por ellos, para poder entregarlos como colateral cuando piden liquidez al Banco Central.
Y este es el meollo de la cuestión: Holanda y otros países similares han reducido la deuda pública a base de inflar la deuda privada. La destrucción de lo público ha alcanzado tal gravedad que hoy en Holanda los fondos de pensiones privados aportan una cuantía mayor de renta que las pensiones públicas a los jubilados holandeses; o en Alemania, donde el gasto público en pensiones para una población que duplica la española es similar.
Los títulos de deuda del sur de Europa son de los más deseados por esos fondos de pensiones. Por tanto, nada más lejos de las intenciones de esos socios del Euroclub que permitir que a todos nos cueste lo mismo el endeudarnos. No hay que permitir que se reduzcan a cero los intereses que pagamos los mediterráneos porque una parte de nuestros impuestos, a través del servicio de la deuda, tiene que seguir pagando las pensiones de los jubilados de los endeudados países nórdicos.
El autor es profesor de Economía Aplicada UPV/EHU
